¡Al conductor!

Cuando Alfonso Arenas y quien suscribe fletamos la expresión 'el factor humano' en el curso de los trabajos de la Comisión de Seguridad Vial del Senado hace una década no podíamos pensar que íbamos a tener el éxito que la misma ha tenido. Y tampoco podíamos pensar que la misma iba a convertirse en el taparrabos destinado a esconder las muchas vergüenzas que en la materia adolecíamos entonces y seguimos adoleciendo ahora. Como una parte sustantiva de dichas vergüenzas son imputables a las administraciones públicas responsables en la materia y éstas no están dispuestas a asumirlas, el 'factor humano' se ha convertido en el chivo expiatorio correspondiente. Así podemos ver a los responsables de tráfico asegurar muy serios que los errores humanos y las infracciones de las normas de tráfico son la principal causa de siniestralidad, afirmación que sonaría plausible si no fuere porque en España no existe ningún centro o laboratorio destinado a la investigación científica de los accidentes de tráfico, porque las autoridades competentes no han querido, y en no existiendo no hay estudios generales de siniestralidad que tengan una mínima seriedad científica, no hay más que criterios de pretendido sentido común. Es más, en los no muy abundantes casos en los que se ha procedido a estudios rigurosos de siniestros, generalmente graves, la conclusión que se obtiene es muy otra: el accidente es policausal, puede que el conductor sea uno de los malos de la película, pero no es el único, hay más, como los firmes en mal estado, los trazados deficientes, las señalizaciones lamentables (cuando existen) y un largo etcétera. Pero, a lo que se ve, es mas fácil colgarle el muerto al conductor en régimen de monopolio que conseguir que la señalización pase a estar en las manos de Tráfico, que es donde debería estar.

La insistencia en el factor humano conduce a una larga cadena de errores que traen causa de la ignorancia subyacente. Porque resulta obvio que si la causa principal y casi única es la conducción con infracción de normas la política de seguridad vial va a orientarse por medio del régimen sancionador. De este modo se obtiene un efecto perverso: el régimen de infracciones y sanciones no es lo que debería ser, la cláusula de cierre de una política de seguridad vial, sino la parte principal, con tendencia a la exclusividad, de la política de seguridad vial misma. Reducir los accidentes se pretende lograr con políticas de orientación represiva poco menos que exclusivamente. No es extraño que los resultados obtenidos sean parcos, especialmente si se considera que los conductores infractores habituales son una pequeña minoría. Además una política de ese tipo está sujeta a un estricta ley de rendimientos decrecientes: el aumento del número y gravedad de infracciones y sanciones excede rápidamente de lo que es socialmente admisible, y la respuesta draconiana no hace sino minar con la tolerancia de facto y el incumplimiento las posibilidades que se tratan de obtener mediante las sanciones. Y éstas acaban incurriendo de lleno en el campo de la monstruosidad.

Un buen ejemplo de lo que llevamos diciendo se encuentra en la reforma de la ley de seguridad vial hoy en trámite parlamentario, en la que asoman algunos monstruos curiosos, así, por ejemplo, el art.52 del proyecto pretende introducir la censura previa y administrativa en determinados productos comunicativos, como si la publicidad no fuere ejercicio del derecho fundamental a la información, cláusula en la que uno no sabe que estimar más: si su evidente inconstitucionalidad o su profunda estupidez. Por su parte el nuevo art.63 permite a la Administración declarar la pérdida de vigencia de conocimientos y habilidades, insigne estupidez derivada de no llamar las cosas por su nombre: retirada de la autorización administrativa, porque claro una autorización, como tal, es un acto de reconocimiento de derechos, y claro, si eso es así hay decisiones que sólo pueden entregarse al juez porque la Administración las tiene vedadas... El nuevo artículo 72 destruye la personalidad de infracciones y sanciones si éstas son cometidas por un menor, de tal modo que si su hijo conduce una motito sin casco la multa se la ponen a usted, que no monta en tan endiablado cacharro. ¡Ah! y no sólo le obligan a identificar al conductor de su coche si no lo lleva usted, es que si la Administración no lo puede encontrar también le sancionan. Si a ello unen la práctica viciosa de los coches camuflados o la práctica, no por desmentida menos real, de los cupos de sanciones que se imponen a los agentes la lectura resulta obvia. Con todo mi monstruo favorito se introduce por iniciativa municipal: si usted no abona la ORA o se pasa, ocupa ilegalmente un espacio público y la administración le puede inmovilizar el coche. Con lo cual el vehículo ocupará ilegalmente el espacio público mucho más tiempo, con las consiguientes ventajas para la fluidez del tráfico y la comodidad de los usuarios...

Y eso sí, pasarse los limites genéricos de velocidad, pensados para los coches y carreteras de hace un cuarto de siglo, es lo mismo que circular contradirección, saltarse una continua o no respetar un ceda: una infracción grave... Muy inteligente como se ve. Claro que si el malo de la película es el conductor y no hay otro la política de ¡al conductor! es lógica. Que el mundo sea en technicolor y no en blanco y negro da igual. Sería cómico si no fuere porque una política llamada necesariamente al arbitrismo y la producción de monstruos legales tiene como efecto necesario el que este año y el que viene morirán en la carretera unos miles de personas, algunas de las cuales no fallecerían si las políticas en la materia fueren otras. Pero para eso hay que hacer un urbanismo y una ordenación del terriorio racionales, hay que meter dinero y liquidar feudos administrativos, y, claro, eso es más difícil y más caro que escribir en la Gaceta.

Manuel Martínez Sospedra es ex presidente de la Comisión de Investigación del Senado sobre uso del automóvil y la seguridad vial.