Hacienda reclama a Metro 4.000 millones por IVA atrasado

El problema entre la Administración estatal y el Metro arranca en 1997 cuando el Gobierno central presidido por José María Aznar aprobó una Ley de Presupuestos que obligaba a los organismos públicos subvencionados -Metro recibió en 1998 unos 25.000 millones en ayudas- a pagar el impuesto sobre el valor añadido (Ley de Prorrata del IVA). Hasta entonces, cuando un ente oficial estaba subvencionado, no abonaba este tributo. Pero la nueva normativa cambió radicalmente la situación, si bien incluía que los entes que recibían ayudas pagasen sólo una parte proporcional del impuesto en función de su inversión y su presupuesto. En el caso del metro, la Consejería de Transportes, de la que depende, sólo tendría que pagar el 8% del IVA, en vez del 16%.

El Gobierno, dispuesto a acudir a los tribunales, anuncia que la UE apoya su negativa a abonar el impuesto

Pero unos meses antes de que el Gobierno central aprobase esta ley, el Ejecutivo de Ruiz-Gallardón cerraba sus propios presupuestos. En estas cuentas no se incluía, lógicamente, ninguna provisión para pagar el IVA del metropolitano.

Ley retroactiva

Y así llegó 1998. La compañía Metro siguió facturando sin reservar la consiguiente partida para el IVA. Pero la Agencia Tributaria lo descubrió y decidió reclamar un impuesto que, en su opinión, debía ser ingresado en las arcas del Estado: unos 4.000 millones. 'Una ley no puede ser retroactiva', se quejaba ayer el gerente de Metro, Jesús Valverde. 'Hacienda no puede exigirnos algo que no existía cuando se cerraron los presupuestos de la región', explicó. Y añadió a renglón seguido que desde 1999 la Comunidad abona el IVA 'sin problemas': 'Lo dice la ley y lo cumplimos'.

Desde diciembre pasado, se suceden las reuniones entre los responsables de la Comunidad y los de Hacienda para intentar solventar 'estas discrepancias entre entidades públicas'. Valverde niega que se hayan cometido irregularidades, al tiempo que destaca que la Unión Europea ha demandado a Hacienda por intentar cobrar el impuesto en 1998.

'Nuestro fin es defender los intereses generales de los madrileños', dice, 'por lo que no cejaremos en nuestras reivindicaciones, ya que estamos convencidos de su legalidad'. El gerente de Metro destaca igualmente que la Agencia Tributaria aún no ha cerrado el acta donde se refleja la cantidad que, supuestamente, adeuda la Comunidad. 'Todavía tenemos que presentar nuestras alegaciones y estamos convencidos de que son más que razonables. De todas formas, en el caso de que no sean tenidas en cuenta, acudiremos a los tribunales de lo contencioso-administrativo'

Pero Julián Revenga, portavoz de Infraestructuras del grupo parlamentario PSOE-Progresistas, tiene una visión diferente del 'problema de gestión'

El Gobierno central siempre cierra sus presupuestos después de que lo hagan las comunidades. Por ello, los parlamentos regionales tienen la posibilidad de armonizar a posteriori sus cuentas con el Estado a través de las leyes de Acompañamiento. Por ejemplo, cuando una comunidad aprueba una subida salarial del 3% para sus empleados y el Estado considera que debe ser de un 2%, los parlamentos regionales se reúnen y varían el porcentaje. No entiendo por qué en el caso de Metro no se hizo', declara el diputado socialista.

Además, según Revenga, 'quiera o no quiera la Comunidad, si Hacienda levanta un acta, tendrá que hacer una provisión de fondos para afrontar esta situación. Luego, que los tribunales decidan lo que quieran, pero primero hay que poner el dinero. Lo demás son rollos propios de una mala gestión e interpretaciones legales'.