Un juzgado marbellí devuelve a la Audiencia el caso de Gil por apropiación de 5.000 millones

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, María Luisa de la Hera, se ha declarado incompetente para investigar la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra Jesús Gil por el presunto desvío de 5.000 millones de pesetas del erario público y ha devuelto el caso a la Audiencia Nacional. Ahora deberá ser el Supremo el que decida a través de un procedimiento de conflicto de competencia negativo a quién corresponde su instrucción, dado que un juez de la Audiencia Nacional ya se inhibió en este caso en abril.

Anticorrupción presentó el pasado 8 de febrero ante el juez de guardia de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, una querella por malversación de caudales públicos y falsedad documental contra Gil y dos de sus hombres de confianza, Juan Antonio Roca y José Luis Jiménez. El magistrado se desplazó a Marbella y dirigió horas después el registro por sorpresa de varias empresas municipales y del Club Financiero Inmobiliario, donde Gil tiene su despacho particular.

Ruiz Polanco envió a reparto el caso, que recayó en el titular del Juzgado Central número 6, Juan del Olmo. Éste, a su vez, decidió remitir las diligencias a los Juzgados de Marbella, al entender que la Audiencia no era competente para los delitos denunciados. La Fiscalía recurrió, pero finalmente la querella llegó a Marbella, donde se volvió a someter a reparto. Tras un primer intento fallido -el juzgado carecía de juez-, las investigaciones correspondieron a la decana, que ahora lo ha devuelto al Juzgado número 6 de Madrid, según señala en un auto, 'porque están perjudicadas varias provincias [Málaga y Madrid], y el fraude afecta a la economía nacional'.

Gil aprovechó ayer el ir y venir de la querella para afirmar que los fiscales Anticorrupción 'están haciendo el ridículo'. La Fiscalía acusa a Gil y a dos colaboradores de apropiarse de 5.000 millones de pesetas desde la contabilidad de tres sociedades municipales y a través de facturas falsas, entre 1991 y 1995. Jiménez habría dirigido el desvío de los fondos públicos y Roca la operación de camuflaje contable con cuatro empresas ficticias a nombre de su madre.