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Columna
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El final de un largo viaje

La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) podría ser una realidad si Eduardo Zaplana y Joan Ignasi Pla son capaces hoy de consensuar un nombre entre los veintiún miembros que la componen. No parece que sea una distancia insalvable; pero la larga, enrevesada, polémica y crispada gestación de la Acadèmia ha demostrado sobradamente hasta qué punto cualquier anécdota ha servido como argumento para echar por tierra largas horas de negociación. Baste con recordar como un acuerdo cerrado entre PP y PSPV acabó en la papelera por las mezquindades partidistas de unos y de otros. Con estos antecedentes no resulta temerario aventurar que la historia podría repetirse.

Zaplana y Pla están políticamente obligados a llegar a un acuerdo, especialmente después del esfuerzo que ambos han realizado para aproximar posiciones. Pero ese acuerdo debe responder al espíritu y a la letra de la ley de la Acadèmia que es taxativa en su artículo 10: [los académicos deben] 'ser expertos en valenciano con una acreditada competencia científica y académica o destacadas personalidades de las letras o de la enseñanza en materia lingüística o una producción reconocida en el campo del valenciano o la cultura valenciana'. Cualquier componenda que no respete estas consideraciones, singularmente en lo referente a las cuestiones científicas y académicas, representaría un fraude de ley, reavivaría la polémica y evidenciaría el fracaso político de ambos interlocutores. Mayor en el caso del presidente de la Generalitat por cuanto fue el impulsor de la Acadèmia. La falta de consenso, además, pondría en cuestión la voluntad real del PP de constituir la AVL habida cuenta de las ocasiones en que los populares se han servido de la misma para tender cortinas de humo o para su uso partidista.

Todos estos precedentes, sin embargo, no deben ser obstáculo para lograr el acuerdo. El pasado, pasado está. La Acadèmia es un instrumento cuya capacidad para poner fin a una polémica, o como mínimo mitigarla, no discute ni el presidente del Institut d'Estudis Catalans, Manuel Castellet, quien durante la inauguración de la sede del IEC en Castellón reconoció abiertamente que su institución, el Institut Interuniversitari y la Acadèmia pueden convivir sin que se produzcan interferencias.

La grandeza del posible acuerdo entre Zaplana y Pla reside no sólo en consensuar veintiún nombres que respondan a las exigencias de la ley y recojan las distintas sensibilidades en materia tan frágil -por polémica que no por científica- como es el valenciano, sino en sentar las bases de una institución que con el tiempo sea capaz de crear un amplio espacio de convivencia y consenso social que acabe de una vez por todas con discusiones estériles. La aceptación por parte del presidente de la Generalitat del pacto por el uso social del valenciano propuesto por los socialistas invita a ser optimista; los antecedentes, a todo lo contrario. Al final, la constitución de la Acadèmia habrá sido un largo viaje para no moverse del sitio. Pero el esfuerzo vale la pena.

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