Una menor acusada de matar a su esposo elude su juicio

'Te ha engañado a tí igual que me engañó a mí'. Ese era el lamento ayer de Luisa Vargas, la madre de Francisco Luis Doblado Vargas, por cuyo asesinato, ocurrido en septiembre pasado, está procesada la esposa de éste, Lourdes J. J., menor de edad en la fecha del suceso. José Manuel Rosendo, el abogado defensor de Lourdes, era el blanco de las quejas de Vargas. El juicio por la muerte de su hijo acababa de ser suspendido, ante la sorpresa del propio defensor, por incomparecencia de la acusada, que figura ahora en paradero desconocido.

A las 10.20. de ayer estaba previsto que se iniciara el juicio contra Lourdes J. J. por la muerte a puñaladas en septiembre de 2000 de su esposo. 45 minutos después, su abogado defensor anunciaba la suspensión de la vista por la incomparecencia de la acusada y reconocía que la Ley del Menor, por la que se juzga a Lourdes (faltaban 3 meses para que cumpliera 18 años cuando ocurrieron los hechos), tiene una laguna legal que impide, en un caso como éste, ordenar la busca y captura de la joven que, tras pasar seis meses en un centro, está en 'libertad vigilada' desde marzo.

Ante la incomparecencia, el juez ordenó a las fuerzas de seguridad la 'detención y presentación' ante el juez de Lourdes J. J. Una vez detenida, se intentará celebrar el juicio en el plazo de las 72 horas que fija la ley para la permanencia en situación de detención. Pasado ese plazo, la Ley del Menor impide mantener a la joven detenida o ingresada en un centro si no es ya condenada.

'¿Ésa es la vigilancia de la libertad vigilada?', clamaba ayer en voz alta una de las hermanas de Francisco Luis Doblado Vargas, que acudió a las puertas del Juzgado de Menores número 1 con sus padres y el resto de sus hermanos.

Los hechos que debían ser juzgados ocurrieron en la noche del 4 de septiembre del año pasado, cuando Lourdes J. J. asestó cinco puñaladas a su esposo, Francisco Luis Doblado Vargas, al que estaba unido por el rito gitano desde los 14 años y con el que tenía dos hijos, que ahora tienen dos años y 14 meses y viven desde entonces con su abuela materna. La acusada ha alegado durante el procedimiento los malos tratos a los que, supuestamente, le sometía su pareja, algo negado rotundamente por la familia de éste.