Convidados de piedra

Si alguna formación política ha quedado un poco relegada de la pelea de las cajas de ahorro andaluzas, ésa ha sido Izquierda Unida. No es que no haya intervenido en el debate con el mismo grado de agitación y controversia que el resto de los partidos, es que su poco peso en los consejos de administración de las entidades y en el equilibrio político para alcanzar alianzas o plantear embates han hecho de la coalición un convidado de piedra. Su papel ha sido las más de las veces colateral y ha pasado inadvertido en las fases álgidas del proceso, con el protagonismo exclusivo de la discusión parlamentaria.

Desde que Manuel Chaves, presidente de la Junta, anunciara en febrero de 1999 la intención de impulsar la fusión de las seis cajas andaluzas en una gran caja, Izquierda Unida se mostró partidaria de caminar progresivamente hacia la concentración, pero 'sin imposiciones, suavemente y poco a poco'. Sensible a las reacciones localistas que estallaron entonces, al igual que las otras fuerzas, mantuvo la ambigüedad del discurso y respaldó la caja única como objetivo final a la vez que defendió 'las características de denominación y los rasgos identificativos de cada entidad'. Especialmente allí donde tenía, y tiene aún, mayor presencia: en La General de Granada y CajaSur de Córdoba, única ciudad en la que gobierna.

Durante la tramitación de la Ley de Cajas de Ahorros, que coincidió en el tiempo con la tormenta del proyecto de la gran fusión, IU hizo bandera sobre todo de la elección por parte del Parlamento de los representantes de la Junta en los órganos de gobierno (21%), del apoyo a la entidad financiera común (en la que muchos veían el embrión de la gran caja) y del rechazo frontal al Instituto Andaluz de Finanzas, al que objetaba su situación al margen del control parlamentario. Ninguna de las dos últimas cosas vieron la luz. Respecto a la limitación de mandatos de los órganos, el comportamiento de la coalición fue claramente contradictorio: primero se opuso para después votar sorpresivamente una enmienda que propiciaba una prórroga de la estancia de los presidentes.

Cuando las asambleas generales de las cajas iniciaron el proceso de adaptación de sus estatutos a la nueva normativa -salvo CajaSur, que se mantiene al margen tras presentar el Gobierno un recurso ante el Tribunal Constitucional-, IU defendió a capa y espada el cumplimiento de la ley, pese a que si algún interés partidario tiene la coalición, fuera de los postulados políticos, es precisamente que la renovación de los órganos se dilate hasta fechas próximas a las elecciones municipales de 2003. En el momento en que los consejos de administración cambien, IU desaparece prácticamente de todos ellos. De hecho, ya no están en el de la Caja de Jaén, la primera en completar la puesta al día.

La explicación es sencilla: Izquierda Unida registró un severo revés en las elecciones municipales de 1999 y cuando la composición de los consejos se adapte a la nueva representación política de los ayuntamientos (35% en todos los órganos de las cajas), la federación saldrá de la zona de influencia. En la representación designada por el Parlamento (21%) también se reducen sus posibilidades, ya que en cuatro años y dos elecciones ha pasado de 20 a seis escaños. Esta marginalidad es importante en un momento en que IU pasa por una delicada situación financiera y prevé enormes dificultades para arrancar créditos electorales.

Izquierda Unida ha aprovechado la guerra entre la Junta de Andalucía y las dos cajas con sede en Sevilla, San Fernando y El Monte, que intentan forzar su fusión en Alcaja sin cambiar los órganos de gobierno, para barrer tímidamente hacia adentro, aunque no lo ha convertido en una cuestión de vida o muerte. El interés de prolongar su presencia en las entidades (de por sí, escasa) no está por encima de la obediencia a una ley que apoya. Además, los concejales de IU en el Ayuntamiento de Sevilla han venido denunciando en los últimos años las operaciones que tildan de 'especulativas' de Torre Triana y Tablada, realizadas bajo el mandato de los actuales presidentes, Juan Manuel López Benjumea (San Fernando) e Isidoro Beneroso (El Monte).

Otra cosa son los réditos políticos. Los dirigentes izquierdistas no se han resistido a la oportunidad de engancharse al desgaste de PSOE y Gobierno en esta contienda y compaginar proclamas explosivas con aportaciones para encontrar salidas. En este contexto se inscribe, por ejemplo, la acusación del portavoz parlamentario, Antonio Romero, a Chaves de convertir las cajas sevillanas en 'terminales del PSOE' y calificar de 'venganza siciliana' el deseo de los socialistas de sustituir a Beneroso y Benjumea. O la del sábado mismo del coordinador regional, Diego Valderas, quien atribuyó al presidente de la Junta maniobras para paralizar la fusión y controlar partidariamente las cajas.

Ni PSOE ni PP los han tenido en cuenta en las negociaciones extraparlamentarias: Chaves ni siquiera contestó a la carta de Valderas en la que pedía entrar en las conversaciones de los dos partidos sobre el reglamento de las cajas. En el Parlamento, sin embargo, los socialistas pidieron su concurso y opinión, con el fin de rebajar la presión de la dependencia numérica del PA, sin cuyos tres diputados no alcanzan la mayoría.

Aunque en un primer momento se entendió que IU respaldaba la tesis del PP y de los presidentes de las entidades respecto a que la fusión congela la renovación, el informe del Consejo Consultivo (órgano de asesoramiento jurídico del Gobierno) que dice que ambos procesos son compatibles dejó traslucir una postura clara de la coalición a favor de la renovación. Si bien rebajando el imperativo de la inmediatez a un plazo aproximado de un año, con el consenso de todos los partidos, incluido el convidado de piedra.