Un impreso para todos

La Constitución erradicó la detención administrativa para que no se pudiera privar a nadie de libertad sin un juicio. En 1987, el Defensor del Pueblo presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Extranjería 7/85 por entender que el internamiento de los extranjeros caía en este vicio. El Tribunal Constitucional desestimó el recurso, pero exigió que el internamiento estuviera motivado judicialmente. El juez debía estudiar cada caso.

En la situación actual, la intervención del juez sigue siendo testimonial. Según un informe realizado por el Colegio de Abogados de Madrid, los autos se dictan de manera predefinida, sin motivación alguna y sin atender a las circunstancias del caso. El juez Josep Niubó los dictó durante ocho años en el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona: 'Es un puro impreso, un modelo idéntico para todos', comenta. 'Al principio dictaba una resolución para cada caso, pero un día me di cuenta de que una amiga tiraba de impreso, y entonces pasé a hacerlos todos por impreso'. Roberto Sánchez, del Colegio de Abogados de Barcelona, afirma: 'Hay que reconocer que la ley no deja margen para que al juez recoja la información necesaria'.

La expulsión, explica Niubó, 'es plenamente administrativa en el 99% de los casos y está en función de los intereses del Gobierno, que en un determinado momento decide que conviene expulsar, o se centra en un colectivo determinado porque haya habido una polémica con algunos que moleste especialmente'. Este es el caso ahora de los europeos del Este, que suponen el 41% de los expulsados este año porque, según un portavoz de la Delegación del Gobierno, 'hay un rebrote en Barcelona de la delincuencia de esos países'.

En el año 2000 fueron expulsados desde La Verneda, 62 inmigrantes, todos con causas penales pendientes y previa autorización del juez para conmutar la condena por la expulsión. La Ley de Extranjería anterior a la reforma no permitía la expulsión por falta de documentación. La nueva, sí. Hasta hace un mes se había expulsado a 28 personas, ahora ya son 75 en lo que va de año, la mayoría de origen marroquí, búlgaro, rumano y peruano; todos fueron expulsados, informa la Delegación del Gobierno.