El Monte aviva la 'guerra' que mantiene con la Junta de Andalucía por la fusión con Caja San Fernando
La entidad pide por carta el apoyo de sus clientes y bloquea la actuación de la Consejería de Economía
La carta, difundida ayer por la entidad, está fechada el 31 de mayo pero no ha empezado a remitise a los clientes hasta esta semana. Se envía junto al habitual boletín mensual de El Monte a unas 400.000 personas (aquellas que hayan registrado movimientos en sus cuentas este mes), según fuentes de la entidad, que precisaron que la caja, cuyo logotipo aparece en la misiva, sólo facilitó una vía de expresión a los representantes de los impositores. En todo caso, José Manuel Hernández firma como 'vicepresidente de El Monte, representante por el Grupo de Impositores en el Consejo de Administración'.
Los clientes de El Monte tendrán así cumplida información de la posición mayoritaria del grupo de impositores (seis de sus ocho representantes en el consejo) que coincide con la postura del presidente de la caja, Isidoro Beneroso. 'Denunciamos ante la opinión pública las extrañas maniobras que desde ciertas instancias políticas se están promoviendo para forzar la renovación de órganos de nuestra entidad'. Hernández se refiere así a los intentos de los consejeros socialistas por desbloquear el proceso electoral interno, que el consejo de administración paralizó al aprobar el proyecto de fusión con San Fernando. La Junta de Andalucía, avalada por un dictamen unánime del Consejo Consultivo de Andalucía (su órgano asesor en cuestiones jurídicas), ya ha advertido que esa paralización es ilegal y que iniciará un procedimiento sancionador si ambas cajas no reactivan el proceso.
'Estos movimientos, amen de constituir una intromisión política intolerable en el futuro de nuestra caja, plantean un ataque frontal al corazón mismo del proceso de integración iniciado', dice el vicepresidente de El Monte en su carta a los clientes de la entidad, a los que solicita su 'apoyo' para 'hacer realidad AlCaja', la nueva entidad, como 'precursora de futuras integraciones en el sistema financiero andaluz'.
El mensaje de la Junta de Andalucía es bien distinto. Ayer, la consejera andaluza de Economía, Magdalena Álvarez, indicó que, tras el dictamen del Consejo Consultivo en contra de la paralización de la renovación de cargos, los miembros de los órganos de gobierno de El Monte y Caja San Fernando 'tienen una responsabilidad mucho mayor si deciden saltarse la Ley'. Por su parte, el presidente de la Junta, Manuel Chaves, aseguró que 'habrá fusión de las entidades financieras sevillanas y se renovarán los cargos como marca la Ley de Cajas y avala el Consejo Consultivo, todo lo demás son cortinas de humo'.
Comisión de Control
La Comisión de Control (órgano de la entidad que debe velar sobre la legalidad de los acuerdos de las cajas) de San Fernando, en una decisión unánime tras una propuesta de su presidente, Miguel Ángel Pino, informó el martes a la Consejería de Economía de la suspensión del proceso electoral para que actúe conforme a la 'normativa vigente'. Una notificación que faculta a la Consejería para reclamar a la caja la reactivación del proceso, que debe culminar en septiembre con la elección del nuevo presidente. Juan Manuel López Benjumea, el actual máximo responsable de Caja San Fernando, tiene muy pocas posibilidades de ser reelegido por su pugna con el PSOE.
El informe de la Comisión de Control permite ya el inicio de sanciones a San Fernando y a los consejeros (multas de hasta 10 millones e inhabilitación del cargo), pero la Junta dará una última opción a la entidad para cambiar de posición: será en el consejo extraordinario forzado por los consejeros socialistas que tendrá lugar el próximo 18.
En El Monte, sin embargo, los miembros de la Comisión de Control decidieron ayer declararse 'no competentes' para tratar la renovación de cargos y no emitieron informe alguno a la Consejería de Economía. Votaron a favor de esta propuesta, que bloquea la actuación de la Junta, los tres representantes de los impositores, el de CC OO y un independiente por el Ayuntamiento de Huelva; en contra dos alcaldes socialistas y se abtuvo un concejal de Dos Hermanas (Sevilla) también socialista. A no ser que la Consejería encuentre una nueva vía, sólo podría actuar contra El Monte si, el 20 de junio, su asamblea aprueba definitivamente el proyecto de fusión y se hace así oficial la paralización del proceso electoral.
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