Los empresarios valencianos son los que menos gastan en seguridad laboral

Sólo el 31% de los trabajadores valencianos está asegurado mediante un servicio de prevención ajeno a sus empresas, una modalidad muy frecuente en Canarias, Baleares, Andalucía y La Rioja que alcanza su porcentaje más bajo en la Comunidad Valenciana, a considerable distancia del resto de las autonomías. Las cifras son contundentes en la tabla autonómica elaborada por el Ministerio de Trabajo y de ellas se desprende que la gran mayoría de empresarios valencianos no está dispuesto a contratar a empresas especializadas para que planifiquen la seguridad de sus trabajadores y son, según el Ministerio, los que menos gastan en prevenir los riesgos laborales.

Trabajo realizó durante el año pasado una encuesta a 12.000 empresas españolas para conocer las preferencias de la patronal entre las cuatro modalidades para combatir la siniestralidad en el empleo que recoge la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Las fórmulas contempladas en el ordenamiento jurídico son: el empresario asume personalmente la seguridad, el empresario designa a trabajadores para ocuparse de esta tarea, la sociedad dispone de un servicio de prevención propio, o la empresa recurre a un servicio de prevención ajeno.

Los datos que arroja este sondeo -en el que quedan excluidos los funcionarios y los trabajadores del campo- ilustran que el 20% de los asalariados de la Comunidad está asegurado por medidas adoptadas por el propio empresariado. Se trata de la cifra más elevada de todas las registradas. Asimismo, el 31% de los trabajadores está cubierto mediante medidas que adopta y controla otro empleado designado a tal efecto por el empresario.

Estas dos variantes no comprometen al empresario a destinar una partida económica específica para la implantación de medidas de seguridad y, por tanto, le permiten eludir la inversión, según fuentes del ministerio. Una ventaja que no se obtiene si se opta por un departamento de prevención propio o por contratar un servicio ajeno a la empresa. Estas fórmulas obligan ineludiblemente al patrono a desembolsar una cantidad económica fija.

Para el responsable de Salud Laboral del sindicato Comisiones Obreras en la Comunidad Valenciana, Francisco Velasco, los datos que recoge la encuesta del Ministerio de Trabajo son 'cuanto menos, inquietantes'. Y es que, según dichos datos, los empresarios valencianos figuran muy por debajo de la media nacional en materia de inversión en seguridad laboral. Sólo los empresarios vascos se acercan al pobre registro de las empresas valencianas, aunque todavía a considerable distancia. En el polo opuesto figuran Canarias y Baleares, donde el empresariado tiene mayor conciencia en materia de seguridad laboral.

Según Trabajo, la falta de inversión en esta materia es una causa directa que incrementa la siniestralidad laboral. El sector de la construcción -el más controlado por la Administración- es a la vez el el que concentra los mayores índices de siniestralidad.

Sanciones

La Inspección de Trabajo ha ampliado durante el primer trimestre de este año el número de visitas a obras en relación al mismo periodo del ejercicio anterior pero, sin embargo, ha dictado menos órdenes de paralización y ha reducido el importe global de las sanciones.

Durante el primer trimestre de este año, la Inspección de Trabajo paralizó en la Comunidad 95 edificaciones en construcción por incumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 15 menos que en el mismo periodo de 2000. El importe de las sanciones propuestas alcanzó los 202.298.458 pesetas, frente a los más de 239.465.683 de los primeros meses de 2000, según datos aportados por Inspección de Trabajo.

La Inspección realizó 1.525 visitas durante el primer trimestre de este año en edificaciones de la Comunidad Valenciana. Del total, 861 se efectuaron en la provincia de Valencia, donde los inspectores levantaron 250 actas de infracción con un importe económico de 97.928.359. En Alicante, se efectuaron 505 visitas que derivaron en 119 actas con un importe propuesto de 73.927.792 pesetas. Por lo que respecta a la provincia de Castellón, se llevaron a cabo 159 visitas, se levantaron 53 actas, y el volumen de las sanciones alcanzó los 30.442.307 pesetas. En opinión de CC OO, la Administración autonómica debería intensificar el control en el sector de la construcción para poner coto a la siniestralidad laboral, que en la Comunidad Valenciana se ha cobrado ya la vida de una decena de trabajadores en lo que va de año.