Un representante campesino colombiano anuncia en Valencia un peculiar juicio contra el gobierno de su país

Tito Muñoz cuenta con medio mucho más eficaz que su palabra para describir las penalidades por las que atraviesan sus vecinos en la provincia de Bolívar, en Colombia. Este campesino de mediana edad y hablar pausado, portavoz de la Mesa Regional de Trabajo Permanente por la Paz del río Magdalena Medio, no ahorra adjetivos al narrar las atrocidades que cometen los paramilitares con quienes levantan la voz y denuncian los atropellos a los que son sometidos por no querer ceder sus tierras o su rudimentaria explotación minera. Pero Muñoz habla mucho más claro a través de fotografías, que recogen cuerpos de campesinos salvajemente mutilados, troceados con sierras mecánicas. Escenas que muestran miembros salvajemente amontonados, amoratados, que tratan de servir de escarmiento a quienes no se quieran plegar a los fusiles de los ocupantes. Chozas quemadas y destrozadas o fosas comunes.

Tito Muñoz quiere dejar constancia de la 'impunidad galopante' de los grupos armados. Pero también responsabiliza de los desmanes a su Gobierno, razón por la que pretende llevar a cabo un peculiar juicio contra las autoridades en el llamado Tribunal de la Opinión Pública. El 28 de noviembre pretenden presentar esta medida en el Parlamento Europeo. Pero antes desea presentar esta propuesta en España, donde pretenden celebrar esta particular vista.

La tierra de la que proviene es rica. A los yacimientos de oro, se suman los de petróleo, carbón o uranio, lo que hace esta zona muy suculenta para las multinacionales, empresarios nacionales y el Gobierno, a los que no les viene nada bien que campesinos se interpongan en su camino.

Muñoz hizo escala en Valencia la semana pasada para denunciar el bloqueo que sufre el departamento -administración equivalente a provincia- de Bolívar, que impide la llegada en condiciones normales de alimentos, medicinas y bienes básicos. En su exposición describió las numerosas movilizaciones que han llevado adelante los colectivos campesinos desde mediados de la década de 1980, a los que han seguido, de forma instantánea fuertes campañas represivas. En 1986 fue una movilización de 20.000 campesinos, en 1997 la toma de la Catedral de Cartagena de Indias, en 1998 una campaña contra la compañía estatal de petróleo y la toma de la embajada estadounidense en Bogotá. Tras estas movilizaciones se acrecentó lo que Muñoz califica la 'cacería' de dirigentes campesinos. Comenzó un proceso de acoso hacia las personas más representativas de las movilizaciones en favor de los derechos de los ciudadanos de estas tierras, como Edgar Quiroga, quien tras participar en las negociaciones con el Gobierno, desapareció el 28 de noviembre. No es el único caso. Por ello y por la responsabilidad, que a su juicio, tiene el Gobierno, han creado el llamado Tribunal de la Opinión Pública, donde piensan juzgar a las autoridades nacionales.