¿Estado de excepción?

El primer síntoma se registró en la isla de Tabarca, en su hotel, la restaurada Casa del Gobernador, explotación privada, de propiedad municipal, cuando un grupo de diputados autonómicos y ediles también socialistas del Ayuntamiento de Alicante, miembros de Salvem Tabarca, ecologistas, e informadores de diversos medios de comunicación, fueron desalojados, con improperios y sin contemplaciones, por el concesionario, al que seguían dos números de la Policía Local. El concesionario chivato, apeló al derecho de admisión, para impedir una conferencia de prensa sobre la situación de la isla. No se produjeron altercados ni escándalos que justificaran la dudosa aplicación del derecho invocado. Sin embargo, parlamentarios y concejales del PSPV abandonaron el establecimiento y prosiguieron sus declaraciones en medio de la calle. Como representantes de los ciudadanos y como ciudadanos le pusieron las cosas demasiado fáciles al individuo, que presumiblemente sin exhibir identificación alguna, les intimidó, con métodos propios del fascismo, hasta echarlos. Y no era ni necesario repetir la vomitiva frase: 'Oiga, ¿usted sabe con quién está hablando?', sino tan sólo apelar a las razones que asisten al cliente de cualquier establecimiento del ramo que observa, como ellos observaron, un comportamiento correcto y prudente. Sólo que azorados, sorprendidos, confusos, decidieron salir por piernas. Retirarse, en una palabra. Lo dijo Josep Torrent, con buen tino y en estas páginas, hace un par de días: 'Incapaces de entender que lo que está en juego -y lo de Tabarca es un síntoma de una enfermedad mucho más grave- no es sólo su derecho a reunirse donde quieran y con quien quieran, sino el derecho de los ciudadanos a discrepar, a opinar y a manifestarse sin que les corran a gorrazos'. Y es que a los fundamentalistas de la Constitución, no se les puede ceder ni una pulgada de esa democracia, que se gana cada día y que se ejerce en plenitud de derechos y libertades, sin necesidad de sacralizarla, que es la forma más perversa de anularla, entre incienso y mangoneo.

Este penoso incidente no es gratuito, ni puede diluirse en lamentos y formalismos, de quienes sufrieron las impertinencias, siquiera sea por decoro y por la representación que les deben a los votos del pueblo soberano del que emanan los poderes, según el artículo 1 de la Constitución, tan convenientemente olvidado. Joaquim Puig, portavoz del grupo socialista en las Cortes Valencianas, y uno de los agonistas del escarnio, ya ha manifestado que habrá 'protesta institucional', ¿ y, luego, qué? Por su parte, José Antonio Pina, portavoz socialista del Ayuntamiento de Alicante, y otro de los agonistas, pidió explicaciones al alcalde, quien se limitó a calificar de incorrecta la actitud del responsable del hotel, y a prometer que le daría un tirón de orejas o algo por el estilo. El jefe de la Policía Local admitió que los agentes de servicio en la isla le consultaron y él les ordenó que atendieran al concesionario del hotel, por cuanto estaba en su derecho de impedir que se celebrara en su local la rueda de prensa. 'También les pedí que actuaran con mucho respeto y educación en este conflicto que yo califico de privado'. Asunto muy turbio y envenenado, posible boicot, que aún dará para mucho, si las víctimas del atropello son capaces de reaccionar adecuadamente.

Y otro síntoma inquietante: con motivo del día de las Fuerzas Armados y de la presencia del Rey, en un Alicante ocupado, se prohibió la manifestación organizada por la Coordinadora de Asociaciones de Solidaridad con los Saharauis, por 'existir razones fundadas de que puedan producirse alteraciones graves de la seguridad ciudadana con peligro para personas y bienes' (artículo 21.2 de la Carta Magna). Nuevo caso flagrante de fundamentalismo constitucional. Así que ¿estado de gracia excepcional? o ¿estado de excepción? Acaso, estado de alerta democrática, por lo del paleofranquismo reptante.