Derechos fundamentales

El 7 de diciembre de 2000, los presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo Europeo y de la Comisión Europea firmaron y proclamaron la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, un texto que, por primera vez en la historia de la Unión Europea, recoge el conjunto de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los ciudadanos europeos y de todas las personas que viven en el territorio de la Unión. La Carta, además de delimitar un espacio político común, consolida un catálogo de valores y derechos fundamentales como la dignidad, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la ciudadanía y la justicia. Este novedoso texto refuerza tanto el concepto de ciudadanía comunitaria, convirtiendo al ciudadano en protagonista de la construcción europea, como la protección de los citados derechos en una sociedad que está marcada por la evolución, el progreso social y los avances científicos y tecnológicos, pero también por la competitividad, la globalización y la universalidad del género humano.

En todo caso, la Carta de los Derechos de la UE no establece criterios respecto a la organización de los poderes públicos en el ámbito nacional, regional y local, lo que indudablemente dará lugar a disparidades de interpretación, de concreción y de aplicación de las respectivas competencias políticas de cada Gobierno. No cabe duda que, en este contexto de extensión y generalización de la Unión Europea, la inmigración constituye un fenómeno estructural de progreso que forma parte de la realidad económica, social y cultural de una gran parte de los actuales países miembros.

Por ello, en una materia como la inmigración que es de interés general para la población, los representantes de la ciudadanía deben hacer un esfuerzo pedagógico único, al margen de toda batalla política, para conseguir una doble apertura y una identidad común de la sociedad. La población receptora debe considerar al inmigrante no sólo como una fuerza de trabajo, como un factor económico necesario para el desarrollo, sino que ha de tratarlo como un ser humano, con su historia, sus creencias, su cultura, sus aspiraciones, sus derechos y sus obligaciones. Mientras, la población inmigrante debe esforzarse por integrarse en esa sociedad que lo recibe, debe aceptar una nueva cultura, unos valores y una manera de vivir diferente a la de sus países de origen, respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. La posición contraria sería la del doble cierre, lo que nos conduciría al desprecio de nuestros semejantes, a la exaltación de los prejuicios, a la exclusión y al fomento de todo tipo de actitudes racistas y xenófobas.

La inmigración es un fenómeno complejo al que existen diversas maneras de aproximarse. Una, la menos ética, porque pervierte los valores democráticos y alienta las peores pasiones en la población receptora, consiste en problematizar el hecho mismo de la migración. Otra, más pragmática, pero insuficiente desde el punto de vista de los derechos humanos, es la del enfoque economicista del que ya hemos adelantado algunos aspectos; abordar la inmigración como factor de actividad y crecimiento económico puede ser una visión de 'egoísmo inteligente', pero no resuelve la desigualdad de acceso al ejercicio de los derechos fundamentales. La tercera forma de actuar sería con una perspectiva unilateral meramente humanitarista, que no considera a la inmigración un fenómeno de interacción entre población receptora y población inmigrante.

Frente a estas tres interpretaciones, existe un modo de abordar la política de inmigración que arranca desde una visión integral del fenómeno, cuyo fin último es el de la plena incorporación económica, laboral, social y cultural del inmigrante en la sociedad receptora. Y hablamos de integral cuando hacemos alusión al diseño y a la aplicación de una política de inmigración que actúa conjuntamente desde diferentes áreas y que contempla a la población inmigrante y a la población receptora como un todo, donde las personas tienen que ejercer sus derechos y libertades fundamentales, así como sus obligaciones, en condiciones de igualdad.

En este marco de referencia se encuadra el Plan Integral para la Inmigración en Andalucía que el Gobierno andaluz ha elaborado, un instrumento de planificación de todas las políticas de la Junta de Andalucía en materia de inmigración con el que se espera alcanzar el mayor grado posible de acuerdo político y de consenso social. El Gobierno andaluz tiene atribuidas por mandato constitucional y estatutario una serie de competencias dirigidas a facilitar la prestación de servicios básicos a los ciudadanos, tales como la asistencia sanitaria, la educación, los servicios sociales, la vivienda, las políticas activas de empleo, la atención al menor, a los jóvenes y el fomento de la igualdad de géneros. La población inmigrante constituye un colectivo definido que encuentra especiales dificultades para ejercer muchos de los citados derechos, así como para disfrutar de dichos servicios.

Andalucía, como frontera y zona de paso de la población inmigrante hacia España y Europa, debe contemplar este fenómeno como un tema de 'interés general'. Todas las fuerzas políticas y sociales debemos establecer estrategias de coordinación para provocar un efecto movilizador y de sensibilización de la ciudadanía andaluza como sociedad de acogida. El hecho de que Andalucía sea frontera europea fundamenta la propuesta de activar el papel de los organismos regionales de la UE, especialmente el del Comité de las Regiones, para el diseño de una política común.

En nuestra región, la inmigración se caracteriza por su ubicación heterogénea, que se manifiesta en una alta concentración en puntos muy localizados. Podemos decir que el total de extranjeros no comunitarios estimados, con y sin permisos, se sitúa en las 90.000 personas, es decir, un 1,5 % de la población total andaluza. Conviene no olvidar que los inmigrantes vienen a nuestra tierra porque confían encontrar entre nosotros los niveles de bienestar económico y social que no poseen en sus países de origen. Debemos actuar por tanto desde una óptica realista, solidaria, con voluntad de integración y con sentido de la anticipación, ya que, sin duda, la inmigración constituye unos de los retos más importantes que tiene la sociedad andaluza para los próximos años. Es cierto que cada sociedad reacciona según su historia y su visión del presente y del pasado. Los andaluces debemos tener memoria histórica; no podemos olvidar que los inmigrantes fuimos nosotros.

La diferencia constituye un problema cuando se olvida la tolerancia, la igualdad y la solidaridad entre los seres humanos. Desde los poderes públicos, desde la escuela, desde los medios de comunicación y con la colaboración de todos los agentes económicos y sociales, es preciso cambiar los estereotipos y educar a la sociedad, y ensalzar entonces las semejanzas entre las personas y la riqueza moral que aporta una construcción social basada en el mestizaje.

Desde la Junta de Andalucía estamos convencidos de que ésta es la política que, aplicada con tenacidad y constancia, con equilibrio y mesura, con valentía y firmeza, mejor garantía presenta para la plasmación en nuestra tierra de los derechos y valores consagrados por la Carta de Derechos Fundamentales de la UE en su relación con la inmigración, ya que responde de manera más racional y radical al imperativo moral que subyace en un auténtico sistema democrático: crear las condiciones para la efectiva igualdad de todos y la consecución de su pleno desarrollo personal.

Alfonso Perales Pizarro es consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía