S.O.S. mujeres

Dice el poeta andaluz Ibn Hazm de Córdoba en su elegía El Collar de la Paloma 'Viene, por último, la ruptura ocasionada por el odio. Huelgan aquí las opiniones, fallan las astucias y se aumenta la aflicción. Es una cosa que deja atónito al entendimiento'. En éste mes de mayo, lluvioso y primaveral, doblamos el número de mujeres muertas a manos de sus maridos o compañeros, en comparación a idénticas fechas del año pasado.

En diciembre de 1997, también ocurrió. La mujer murió quemada, tras contar en televisión su historia de malos tratos. Se llamaba Ana Orantes. La crueldad del suceso provocó un importante movimiento social de rechazo, espoleado por las víctimas y los medios de comunicación. Los poderes públicos despertaron y el Gobierno aprobó el Primer Plan contra la Violencia Doméstica. Proporcionó a los jueces las Ordenes de Alejamiento para permitir el distanciamiento agresor-víctima tras el hecho violento, antes de sentencia; suprimió la necesidad de denuncia previa para poder castigar las infracciones leves; ofreció una interpretación 'auténtica' del delito de violencia habitual -ausente entonces de la práctica judicial- e incluyó dentro de ella la violencia psicológica.

Cuatro años han servido para comprobar que, a pesar de dichas reformas legales, el número de mujeres muertas por maridos o compañeros no disminuye y las cifras de denuncias por hechos violentos en el ámbito familiar aumentan. La violencia dentro de las familias aparece enquistada en nuestra sociedad, como en el resto de los países y revela una situación de dominio del hombre sobre la mujer; por ello tiene fuertes cómplices: el silencio, la secreta tolerancia y la indiferencia de personas que se creen ajenas. Ante tal panorama, nos preguntamos qué podemos hacer y si nuestras Administraciones son capaces de reducir éste fenómeno criminal.

El Gobierno ha presentado ante los medios de comunicación el II Plan Integral contra la Violencia Doméstica (2001-2004). Mantiene las anteriores líneas de actuación -preventivas, asistenciales, investigación- y en la parcela legislativa anuncia medidas como la pena de privación de la patria potestad a los agresores o el establecimiento de condiciones específicas para la suspensión de la ejecución de las penas. Otras intentan consolidar prácticas ya iniciadas: guías o manuales, servicios jurídicos gratuitos de 24 horas, turnos de oficio especializados para las víctimas, registro informático de éstas causas en fiscalías o acumulación de asuntos en un Juzgado; y algunas tienen grandes posibilidades de quedar en pronunciamientos de neón, brillantes e inoperantes, como la sustitución de la pena de multa por trabajos en beneficio de la comunidad en el caso de 'faltas' de violencia.

Sean bienvenidas todas las propuestas de mejora. No obstante, si bajamos a lo esencial -posición de los poderes públicos ante la violencia doméstica- parece que un velo de olvido ha caído sobre el pronunciamiento más importante, en ésta materia, del órgano de gobierno de los jueces. Adoptó la forma de Declaración Institucional el día 8-3-2000. Afirmaba que la igualdad entre hombres y mujeres no es aún real y efectiva, entre otros motivos, por el fenómeno de la violencia doméstica que considera degradante para la sociedad en la que se produce. Contenía el siguiente pronunciamiento: 'la violencia doméstica revela la incapacidad del Estado para asegurar a todos sus miembros, por lo que es determinante para combatirla la acción de los gobernantes y del conjunto de la ciudadanía'.

El Segundo Plan del Gobierno no contiene propuesta alguna relativa a traspasar las faltas de malos tratos físicos o psicológicos -hoy consideradas livianas- al apartado de 'delitos', en el grado que corresponda a la gravedad del hecho y con una pena proporcionada. Seguimos considerando leve el 'te voy a matar' acompañado de un cuchillo y dirigido a la mujer o hijos. Para el legislador parece merecer el mismo reproche que hacer pintadas en una estatua de la ciudad, también considerada infracción leve o falta. Sabemos que las muertes se incuban con amenazas, largas, soterradas, tapadas por paredes. La mayoría de ellas se ventilan en juicios de faltas con penas leves. Sabemos que las leyes son insuficientes sin medidas de educación y sensibilización, pero no podemos desdeñar su función didáctica en la sociedad.

Si la ley penal extiende la noción de 'gravedad' respecto de todas las agresiones cometidas en el ambiente familiar, podremos evitar las calificaciones 'a la baja' y disminuirán los sentimientos de tolerancia e impunidad tan arraigados en éste ámbito, todavía considerado 'privado' y resbaladizo para el derecho.

A los poderes públicos corresponde adoptar medidas eficaces para combatir el grave problema de la violencia contra la mujer. El nuevo Plan del Gobierno se presenta tímido y puntual. Aún puede ser audaz si asume que el bien jurídico de la integridad física y moral de las personas necesita mayor protección. Si convierte lo que hoy son 'faltas' en infracciones constitutivas de delito de malos tratos, lesiones, amenazas con penas proporcionadas y graduadas.

Hasta que las políticas de igualdad se implanten en la sociedad y sus valores sean asumidos por la ciudadanía, el ámbito familiar precisa una especial atención de las Administraciones. La ley penal no puede seguir consolidando la idea de acciones violentas livianas dentro de marcos de dominio y sumisión. Es responsabilidad de todos. El odio del dominante debe ser cercado.

Inmaculada Montalbán Huertas es magistrada y miembro de la Comisión Violencia de Género, de Jueces para la Democracia