La vivienda, olvidada

La política de vivienda en España se ha basado en las últimas décadas en la idea de que debía subvencionarse la adquisición de los pisos, bien mediante subsidios de intereses, como hicieron los Gobiernos del PSOE durante más de diez años, bien a través de la concesión de ayudas para desembolsar la entrada, una innovación introducida por el Gobierno del PP. Ambas fórmulas eran compatibles con el fomento de la construcción de las viviendas de protección oficial (VPO), más baratas que las construidas en régimen libre. Esta política, de eficacia discutible debido a sus propias limitaciones, ha contribuido a abaratar el precio final de la vivienda, pero es evidente que ha sido incapaz de reducir o frenar el precio del suelo y el coste de la construcción, que son los dos factores que más contribuyen a hacer del piso en propiedad un bien en el que las economías familiares tienen que invertir esfuerzos titánicos.

Durante el último año, el desarrollo de la política de vivienda se enfrenta a otro problema añadido: el descenso en la construcción de VPO. Al socaire del crecimiento del empleo, el descenso de los tipos de interés y la atmósfera de prosperidad, la preocupación por construir viviendas más accesibles a las rentas medias está disminuyendo de forma considerable, mientras se dispara la construcción de viviendas libres. Durante el último año, el objetivo de construcción de VPO apenas se aproximó al 50% de lo previsto; es decir, a duras penas se llegaron a construir 37.000, una cantidad ridícula para cubrir las necesidades reales de los muchísimos ciudadanos que no disponen de renta suficiente para comprarse una vivienda de construcción libre.

El Ministerio de Fomento parece haberse desentendido de la obligación de construir VPO. Las declaraciones de su máximo responsable, Álvarez Cascos, aduciendo que la mejora del empleo y de la situación económica permite a los españoles comprar con facilidad viviendas sin subvencionar es una muestra de ello. Es evidente que, además de la despreocupación gubernamental, hay otras razones que explican la fuerte caída en la construcción de VPO. Por ejemplo, la resistencia de los promotores a entrar en planes que dependen del dinero público; la oposición de los ayuntamientos a desprenderse de suelo destinado a la construcción de este tipo de viviendas, contra la que se han estrellado todos los intentos de abaratar el coste del suelo, o la maraña de normas burocráticas, estatales, municipales y autonómicas que pesan sobre la construcción.

Esos obstáculos, ya conocidos, no reducen la responsabilidad pública. Cuando se elaboran los planes de vivienda, el Ministerio de Fomento está obligado a tomar en consideración todos estos problemas y aplicarse en resolverlos. Pero hasta ahora no lo ha hecho. De la misma forma que la construcción de VPO se ha desplomado ante la indiferencia oficial, el plan de subvencionar a los jóvenes las cantidades que pagan como entradas cuenta con un presupuesto muy escaso -9.000 millones- y se está retrasando sin que se conozcan las causas. Fomento no sólo no ha conseguido articular con éxito una política de vivienda que contribuya a reducir o a mantener los precios (han crecido el 16% en tasa interanual), fracaso que comparte con Gobiernos anteriores, sino que con su desgana ha conseguido deteriorar una de las escasas redes de protección que tendía el Estado a las familias con ingresos insuficientes para comprarse un piso en el mercado.

Además, el gran pacto por el suelo que prometió el PP en su programa electoral duerme el sueño de los justos, puesto que ha bloqueado en el Parlamento el proyecto de ley de medidas liberalizadoras que comenzó a tramitarse hace un año. Más vale que el departamento del ramo rectifique, vuelva a preocuparse de las prioridades sociales de la vivienda -de las otras ya se ocupa el mercado- y elabore con los ayuntamientos una política eficaz de liberación de suelo antes de que comprar un piso en España se convierta en una tarea utópica para mucha gente.