¿Tipo único? ¡Qué dices!

El 60% de los españoles no cree que nuestro actual IRPF sea progresivo. Así se deduce de una encuesta del Instituto de Estudios Fiscales donde se señala que ése es el porcentaje de los que creen que los más ricos no pagan de acuerdo con sus rentas. Además, grava más a las rentas del trabajo que a las del capital, menos a quienes más tienen al deducir el mínimo vital en la base impositiva, permite deducciones y desgravaciones de las que se benefician fundamentalmente las rentas medias y altas, posibilita la elusión del impuesto a través de sociedades interpuestas y mantiene un elevado nivel de fraude. Ése es el legado de la última reforma aprobada la legislatura pasada.

Quienes nos sentimos incómodos ante tal situación, bien sea por razones ideológicas, de eficiencia económica o simplemente éticas, tenemos la obligación de presentar propuestas que ayuden a cambiar ese estado de cosas. Propuestas que, respetando valores como la suficiencia financiera del Estado, la progresividad en la contribución a las cargas generales y la equidad, no pierdan de vista aquellas realidades del mundo en que vivimos que, con independencia de lo que nos gusten, están aquí para quedarse un tiempo.

Con un tipo único se puede conseguir la progresividad que se desee para que pague más quien más tiene

La Constitución instauró un pacto fiscal progresista entre los españoles. Pero tengo la convicción de que la forma en que se instrumentó con el IRPF de 1978 ha recibido su puntilla con la contrarreforma efectuada por el Gobierno del PP. Como volver atrás me parece imposible, se trataría ahora de definir un nuevo modelo que, respetando los valores constitucionales y las convicciones progresistas de quienes las tenemos, abra una nueva etapa que dure los próximos treinta años.

Podemos seguir mareando la perdiz mientras el sistema se hace cada vez más regresivo e insolidario o abrir las puertas a la innovación a partir de la solidez teórica, el análisis de por dónde van las cosas en el mundo y la creencia de que, a partir de un momento determinado, es más útil construir un edificio nuevo que seguir poniendo parches a otro que se cae.

Ése es el sentido de la propuesta que estamos trabajando en el PSOE de caminar hacia un modelo de IRPF más sencillo, más progresivo, más moderno y que mire al futuro en vez de al pasado.

Una propuesta que pretende abrir un debate enmarcado en unos parámetros que, por novedosos para el amplio público, deben explicarse para evitar juicios precipitados. Las críticas interesadas por quienes tienen mucho que ganar con el sistema injusto actual son inevitables, aunque algunas muevan a risa.

La progresividad de un IRPF no se mide fundamentalmente por el número de tramos de su tarifa, sino por el diseño global del mismo. Sobre todo si junto a los tipos legales hay deducciones, tratamientos especiales y evasión legal que, además del fraude, hacen que los tipos efectivos pagados sean muy inferiores a los nominales. Esta situación da lugar a la paradoja de la progresividad aparente, o el fetichismo del tipo marginal, según la cual unos tipos teóricamente muy elevados dan lugar a una regresividad en la práctica, porque las rentas más altas encuentran vías de escape más o menos legales.

Con un tipo único se pueden evitar estos problemas y conseguir el grado de progresividad que se desee -y ahí está el debate político- fijando adecuadamente el porcentaje del gravamen y el nivel del mínimo exento. Quizá valga la pena poner un ejemplo sencillo sobre este asunto: con un tipo único cualquiera y un mínimo exento de dos millones de pesetas, igual para todos, un contribuyente que tenga una renta líquida de cuatro millones sólo tributa por la mitad de su renta, quedando exenta la otra mitad. Otro contribuyente que tenga ocho millones tributa por seis -es decir, por el 75% de su renta- y otro con cuarenta millones tributa por el 95% de su renta.

Es decir, contribuye más quien más tiene, pero de manera más sencilla y transparente. La progresividad está asegurada, pues, con un tramo único, ya que los tipos medios son crecientes con el nivel de renta, hasta el punto de que se puede diseñar de tal manera que sea más progresivo que otro modelo con varios tramos.

Puede ser también más equitativo si se equiparan las rentas del trabajo y las del capital y puede ser más justo si se aproxima el tipo del impuesto al de sociedades -o se crean dos- para desincentivar su elusión por medio de sociedades ficticias, compensando a las rentas más bajas mediante el mínimo exento.

Y es más moderno porque la tendencia de todos los países avanzados va en esa dirección. Midiendo sólo el número de tramos de la tarifa, la media de la OCDE estaba en 14 tramos en los años ochenta, frente a cinco tramos en 1999 con países como Irlanda, Noruega o Nueva Zelanda, con dos, y otros como Suecia o Reino Unido, con tres. Ese proceso de reducción de tramos -iniciado también en España- puede hacerse a la manera conservadora, vaciando el impuesto de contenido y manteniendo el mejor trato para quienes más tienen, o cambiando la filosofía global, como proponemos nosotros, para recuperar el principio de que contribuye más quien más tiene, con independencia de cuál sea la fuente de la que procede su renta.

Si además se avanza en la línea de definir una renta de ciudadanía que vincule la política fiscal con la social para evitar las injusticias que la actual situación genera, en las que la desgravación por hijo para quienes tienen rentas suficientes para hacer la declaración son superiores a las ayudas por hijo que se conceden a quienes tienen ingresos inferiores en una distribución horizontal de renta, en lugar de vertical, hacia los que menos tienen, el conjunto de la propuesta puede ser mucho más equitativo y progresista que el modelo actual.

Más allá de mis convicciones personales y las de quienes vienen defendiendo, desde la izquierda, este tipo de propuestas, hemos pretendido lanzar un debate sobre un enfoque nuevo. Nuevo en la manera de instrumentar unos principios antiguos: progresividad impositiva, equidad, suficiencia financiera del Estado para hacer tareas de redistribución.

Porque me niego a aceptar el conformismo de los que afirman que no hay solución ante el hecho de que hoy la progresividad del IRPF se ejerce sólo sobre las rentas de quienes cobramos por nómina como a pensar que la solución está en volver a fórmulas del pasado cuando todo lo demás ha cambiado. En suma, me niego a aceptar tanto el pensamiento único de unos como el pensamiento antiguo de otros. Para defender, en el siglo XXI, los principios tributarios en los que creo, no sé cuál de los dos es más perjudicial.El 60% de los españoles no cree que nuestro actual IRPF sea progresivo. Así se deduce de una encuesta del Instituto de Estudios Fiscales donde se señala que ése es el porcentaje de los que creen que los más ricos no pagan de acuerdo con sus rentas. Además, grava más a las rentas del trabajo que a las del capital, menos a quienes más tienen al deducir el mínimo vital en la base impositiva, permite deducciones y desgravaciones de las que se benefician fundamentalmente las rentas medias y altas, posibilita la elusión del impuesto a través de sociedades interpuestas y mantiene un elevado nivel de fraude. Ése es el legado de la última reforma aprobada la legislatura pasada.

Jordi Sevilla es secretario de Economía del PSOE y diputado.