El Gobierno se retira del jurado que elegirá el proyecto del paseo del Prado
El Ejecutivo se reserva así el derecho a vetar el diseño ganador
Con la retirada de la Dirección General de Patrimonio del jurado, el Gobierno regional tendrá las manos libres para poder bloquear -si lo cree necesario- el proyecto que resulte ganador. La razón es clara: si el delegado del Ejecutivo regional diese su visto bueno al proyecto, la Comunidad tendría muchas dificultades a la hora de justificar una posible denegación del permiso final que necesita el Ayuntamiento. 'Si la Dirección General de Patrimonio votase a favor de un proyecto, luego no podría ser objetiva a la hora de denegar o aprobar el permiso del Gobierno', explicaron ayer fuentes de la Consejería de Educación. 'El paseo del Prado está declarado bien de interés cultural y la decisión final sobre el proyecto es competencia exclusiva del Gobierno, que es quien tiene las competencias. No se puede ser juez y parte', añadieron.
Pero no es ésta la primera vez que el Gobierno se retira de este concurso. Hace dos años, tanto el Ejecutivo regional como el Colegio de Arquitectos, decidieron también abandonar el jurado con el argumento de que los proyectos presentados incluían la construcción de un subterráneo bajo el paseo, lo que impediría mantener la integridad de un bien de interés cultural. Los arquitectos argumentaron que la inclusión de túneles en los proyectos presentados condicionaban las posibles soluciones. Finalmente, el Ayuntamiento dejó desierto el concurso.
Máxima protección legal
El Gobierno inició en 1998 el expediente para conferir a esta importante vía madrileña la máxima protección que puede conceder a un monumento o zona. El fin era que el eje Prado-Recoletos pudiera convertirse en candidato a Patrimonio de la Humanidad, categoría que ya disfruta, por ejemplo, la ciudad de Alcalá de Henares y que concede la Unesco.
Pero esta protección dejaba al Ayuntamiento sin posibilidades de actuar sobre el paseo sin una consulta previa con el Gobierno, que se reserva la facultad de poder paralizar o denegar cualquier obra.
Desde que se inició el expediente de protección, la Comunidad tiene la última palabra sobre las modificaciones que se produzcan a ambos lados del paseo, sobre cuyas aceras se sitúan los museos del Prado, Thyssen, de la Marina, Reina Sofía y el Jardín Botánico. Las obras sobre el pavimento, la apertura de quioscos, la iluminación o las zonas de aparcamientos deben ser regladas por el Gobierno regional.
El paseo del Prado, al igual que todo el casco central de Madrid, está protegido en la actualidad por una declaración de conjunto histórico-artístico, una figura demasiado ambigua como para evitar posibles daños patrimoniales. El Gobierno de Ruiz-Gallardón nunca ha visto con buenos ojos una modificación de la actual estructura del paseo por diversas razones: destrucción del arbolado, daños en las fuentes de la zona (Cibeles, Neptuno...) y posibilidad de que el proyecto dañe su candidatura al premio de la Unesco. Ahora, con la decisión de retirarse de nuevo del jurado, en teoría, el Gobierno deja las manos libres al Ayuntamiento para elegir el proyecto que más le guste, pero también le recuerda, de manera muy clara, que las competencias sobre el patrimonio son únicamente suyas.
Al concurso de ideas de reforma del Prado se han presentado ocho proyectos. El plazo para concurrir al concurso acababa el 28 de abril, pero el jurado ha decidido mantenerlo abierto para que varios de los concursantes puedan completar documentación que les falta. El fallo de los proyectos seleccionados para pasar a la segunda fase se conocerá el 16 de julio. Fuentes municipales se mostraron sorprendidas ayer del bajo número de participantes, así como de la ausencia de arquitectos de otras nacionalidades.
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