Las residencias privadas acusan a los ayuntamientos de dar más apoyo a los inversores extranjeros

Una plaza en una residencia privada de la tercera edad cuesta por mes unas 175.000 pesetas. Pero aun quien tiene recursos para asumir esta cifra, no puede entrar de inmediato, ya que las listas de espera van de los tres a los cinco meses. La Junta eludió dar ese dato referido a las residencias públicas argumentando que depende de la demanda de cada centro, aunque precisó que hay unos 2.500 ancianos en espera, de los cuales el 30% renuncia a la plaza cuando se le concede.

En la actualidad los mayores de 65 años representan el 17% de la población y se estima que en 2005, supondrán el 20%. De ahí que los empresarios reclamaran ayer apoyo de las administraciones para crear nuevas residencias.

En este sentido, Artema, la organización malagueña que los agrupa, acusó a los ayuntamientos de dar más facilidades a los inversores extranjeros -'a los que ceden terrenos y rebajan las licencias'- que a los nacionales. 'En cambio, a las empresas locales, no les dan ninguna ayuda, pese a que están cubriendo un déficit. La discriminación es evidente', se quejó Andrés García, gerente de Artema.

El sector también instó a la Junta a concertar camas ya que, según sus datos, los mismos recursos que se destinan a las residencias públicas invertidos en las privadas, duplicarían la población atendida.

Durante la inauguración de unas jornadas celebradas en Málaga, los empresarios apuntaron además que los centros clandestinos ya son casi 'residuales' y que en los últimos cuatro años se han cerrado más de 10 residencias en la provincia que aunque no eran ilegales, no pudieron adaptarse a las exigencias de la nueva normativa.

Según los datos de la Consejería, desde 1997 se tramitaron 72 expedientes sancionadores por diversos incumplimientos de la legislación, de los cuales 30, casi la mitad, se resolvieron con el cierre del centro.

En Andalucía hay 27.585 plazas, 8.253 públicas, 3.996 privadas concertadas y 15.336 privadas. Conforme a estas cifras, la comunidad tiene 2,9 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, un número que la sitúa 'en el nivel medio' del resto de las autonomías y unas décimas por debajo del 3,5 establecido como meta por el Plan Gerontológico Nacional. La Consejería apuntó además que el 22% de los ingresos de 2000 fue inmediato por razones de urgencia social.