'No he dictado nada que fuera injusto ni he recibido dinero'

El juez de vigilancia penitenciaria de Valencia y Castellón, Ernesto Alberola, recibió ayer de manos del Presidente de la Sala de Civil y Penal del Tribunal Superior de Valencia el auto en el que constan los cargos de la causa abierta en su contra: revelación de secretos y prevaricación. 'No tengo ni idea de porqué es esto. Yo no sabía que estaba siendo investigado. Me enteré por su periódico y no entiendo nada', afirmó Alberola.

La causa abierta a este juez, ante la que cabe un recurso de súplica que el magistrado afirmó que no presentará, se abrió tras unas diligencias instruidas en el juzgado de Instrucción número 2 de Valencia. El resultado de las mismas se remitió al Tribunal Superior de Justicia el 21 de marzo y el origen está en una denuncia contra Alberola por supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Estas irregularidades consistirían en la concesión indebida de terceros grados a presos que después son revocados tras el recurso del fiscal.

'El fiscal sabrá por qué recurre el 100% de los terceros grados penitenciarios. Entiendo que su filosofía es la del cumplimiento total de condena'

'¿Qué secretos voy a revelar? No sé a qué se refieren. No pienso personarme en esta causa. Iré a declarar cuando se me cite y que decidan lo que consideren. Yo no he cometido ningún delito'.

Desde que el pasado sábado conociera, según sus declaraciones, que estaba sido investigado, Ernesto Alberola acumula en varias carpetas toda la información que pueda servirle para defenderse. Entre otras cosas, el magistrado ha cursado comunicaciones a los juzgados homólogos de otras provincias para conocer las estadísticas de recursos presentados por los fiscales de vigilancia penitenciaria a los regímenes abiertos que se conceden.

'La Constitución considera las penas como retributivas o como reinserción. Eso sólo se logra si el interno sale. ¿Por qué nadie se pregunta la razón que justifica que se recurran el 100% de los tercer grados que se conceden desde este juzgado?', señaló Alberola. Las respuestas que hasta ahora le han llegado son favorables a su planteamiento. En la prisión de La Rioja, en 2000, progresaron a tercer grado 10 reclusos y no hubo ningún recurso del fiscal de vigilancia penitenciaria. El balance de la cárcel de Zaragoza indica que el pasado año progresaron a tercer grado 176 reclusos y se interpusieron cinco recursos. Según los datos del penal de Ocaña (Toledo), 130 reclusos pasaron a régimen abierto en 2000, de los que 96 fueron desestimados tras interponerse recurso. En el caso de la cárcel de Oviedo, el pasado año progresaron a tercer grado 14 internos, 170 lograron permiso por recurso de los propios internos y el fiscal de vigilancia penitenciara presentó un recurso. 'En ningún caso se recurre el 100% de los progresos a tercer grado como ocurre aquí', dijo Alberola.

Alrededor de la actuación de este juez hay muchas incógnitas: ¿Por qué le recurren todos los progresos a régimen abierto? ¿Por qué muchos de los que han disfrutado del tercer grado, aunque haya sido por corto periodo de tiempo, coinciden en haber sido defendidos por un reducido grupo de abogados? ¿Por qué los clientes de esos abogados, y por extensión los que han conseguido provisionalmente salir de prisión, están relacionados con delitos contra la salud pública?

'No tengo la respuesta. El fiscal sabrá porqué recurre. Entiendo que su filosofía es la del cumplimiento total de condena. Y ésa, en la mayoría de los casos, no es la mía. Sobre los abogados... es cierto que la mayoría de los presos por grandes delitos de narcotráfico están defendidos por Guillermo Forteza, por Colomer Signes, por Luz Estela Luna, por Milara y por Palanca. Deontológicamente estoy en contra de esas minutas archimillonarias. Hay presos que han pagado cinco y hasta 15 millones de pesetas por la tramitación de la progresión al tercer grado. Pero no tengo nada que ver. La mayoría de los presos no son narcotraficantes. Por tanto, la mayoría de los recursos que se interponen y obligan al regreso a la cárcel son de delincuentes que han contado con asistencia de oficio. Nunca se me ha pagado por nada ni en dinero ni en especies. Soy juez, no he dictado nada sabiendo que era injusto', aseveró Alberola.

En su favor explicó: 'Recibo a familiares de presos que me lo piden. Los martes visito a los preventivos de Picassent, los miércoles a los penados, y los jueves voy a la sección abierta de Valencia o de Castellón. No evito las críticas o los problemas. Estoy disgustado, sí. Pero duermo tranquilo'.

Mientras se resuelve este caso, muchos reclusos están pendientes de su progresión al tercer grado o su regresión. Uno de ellos, de 47 años, con una pena de 46 años -de la que ha cumplido 13 años y medio (24 con beneficios penitenciarios)- está pendiente de que la sección primera de la Audiencia de Valencia se pronuncie sobre el recurso del fiscal de vigilancia. Este preso salió a régimen abierto el 27 de junio de 2000. Fue regresado, tras el recurso, el 5 de octubre de 2000. Volvió salir el pasado 6 de marzo y ahora no sabe qué ocurrirá. El recurso del fiscal se basa en un informe de la junta de tratamiento de hace 9 años, en el que consta, entre otras cosas, que no va a clase. Pero sus acreditaciones demuestran que no lo hace porque está estudiando Derecho por la UNED, carrera de la que le quedan seis asignaturas.

'Hay que tener cuidado, sabe. El 9 de marzo de 1999 fue regresado de tercer grado J. Morales. Horas después se suicidó colgándose en su celda. Hay que valorar las cosas y que cada uno, todos, cumpla con sus reponsabilidades', sentenció el juez.