Pujol y Clos reclaman al Gobierno que desbloquee la Carta de Barcelona

La Carta de Barcelona es una de las leyes que, sin duda, está batiendo marcas en cuanto a lo dilatado y complicado del proceso de discusión, aprobación y puesta en práctica. Se empezó a gestar hace más de 10 años, fue aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona en julio de 1997, tuvo el refrendo de todos los partidos políticos del Parlament en diciembre de 1998 y todavía sigue siendo un texto legal con una aplicación mínima. Los grandes capítulos de la Carta -los referentes a las competencias en materias fiscales, de seguridad y justicia- dependen, además, de la modificación de leyes generales. 'La situación es prácticamente de encallamiento', manifestaba ayer Ernest Maragall, concejal de Presidencia y Hacienda, al término de la reunión de la comisión mixta formada por respresentantes de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. La consejera de Gobernación, Núria de Gispert, explicó que ha solicitado al ministro de Administraciones Territoriales, Jesús Posada, una reunión urgente ya que desde el último encuentro -hace un año- no se ha 'producido ningún avance'. Por no avanzar, ni siquiera se ha concretado si se tratará de una ley específica para Barcelona, de una ley de aplicación para las grandes ciudades o de un conjunto de leyes sectoriales. La parte catalana de la Carta de Barcelona tampoco destaca por un ritmo desenfrenado. Generalitat y Ayuntamiento anunciaron ayer que los estatutos que regirán el consorcio de Educación -que deberá coordinar y gestionar toda la oferta educativa excepto la universitaria- están casi listos. No así el de Bienestar Social. 'Antes del verano se habrá podido constituir', aseguró Maragall. No lo tiene tan claro la consejera De Gispert, que ayer recriminó al Ayuntamiento no designar a sus interlocutores para avanzar en esa materia, algo que fue negado inmediatamente por el consistorio.