Debate sobre la universidad pública

Graves y variados han sido los males que han aquejado a la Universidad pública en nuestra historia contemporánea, algunos de tal calado que impidieron el desarrollo y divulgación del saber científico en España. En el siglo XVIII, por ejemplo, Feijoo y Jovellanos señalaron que el discurso escolástico en las aulas y la falta de conexión con la realidad social y económica del país provocaron el estancamiento de la Universidad y, por extensión, del país. Más tarde, en el siglo XIX, otros asuntos como la libertad de cátedra, la defensa de la autonomía universitaria o el mismo acceso a la cátedra fueron las cuestiones que Costa, Giner y una pléyade de pensadores del momento recogieron como prioritarios en sus escritos.

En el primer tercio del siglo XX, con una estructura universitaria heredada de la Ley Moyano, se ensayaron nuevos modelos de mejora de la Universidad Pública, concretados entre otras realizaciones en la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, cuyos resultados fueron tan espectaculares como efímeros por causa de la guerra civil. Sobre todo, a partir de los años sesenta la Universidad franquista se debatió entre la lucha por las libertades públicas y el deseo intelectual innato de integrar el pensamiento científico europeo y norteamericano, por una parte, y el inmovilismo social, político y cultural del momento, por otra, dentro de la sempiterna búsqueda del sincretismo característico del régimen franquista. La Ley General de Educación de 1970 fue el resultado más valioso de dicho equilibrio, ya en las postrimerías de la dictadura.

En plena transición, y dentro de un contexto amplio de modernización social y cultural e integración europea, la Ley Orgánica de Reforma Universitaria (LRU) de 1983 fue capaz de consagrar principios muy novedosos sólo esbozados en la ley anterior, como la evaluación y estimulación de la calidad investigadora, la fijación de unas sólidas bases para el desarrollo del precepto constitucional de autonomía universitaria o el establecimiento de normas que permitieran romper las barreras que separaban la Universidad Pública de la sociedad. Sobre estos fundamentos se desarrolló un sistema docente manifiestamente mejorado, estructurado en ciclos con pasarelas que pretendían flexibilizar los planes de estudios, en el que se incorporaron las enseñanzas técnicas y profesionales y se mejoró la respuesta a las nuevas demandas con la creación de una variada gama de nuevas titulaciones y de títulos propios.

Como consecuencia de ello, las Universidades Públicas españolas son en este momento mucho mejores en términos absolutos que la de los años setenta y, lo que resulta mucho más destacable, han recortado de manera sustancial el diferencial que nos separaba de las instituciones de enseñanza superior de la Europa desarrollada. No mentimos al afirmar que la ciencia española es mucho más conocida -y reconocida- en el mundo de lo que nunca antes había sido, o que la tasa de escolarización universitaria ha crecido de modo espectacular, por encima de la de cualquier territorio de nuestro entorno más inmediato. Las sombras, no obstante, siguen siendo muchas. Un observador crítico diría que aún hace falta mejorar, sobre todo en aquello que tiene que ver con la financiación de nuestro sistema de enseñanza superior e I+D, claramente inferior a la otros países de desarrollo económico similar.

A pesar de las carencias, en el inicio de este siglo XXI, los puntos de mira para el debate que parecen inspirar el pensamiento de nuestros gobernantes apuntan a otros derroteros: el sistema de elección de rector, el acceso de los estudiantes a la enseñanza universitaria, la selección del profesorado, los órganos de gobierno y la representación dentro de ellos de los diferentes estamentos y de la sociedad, la acreditación de los títulos universitarios y la coordinación del sistema universitario en el ámbito español. Sin menospreciar la importancia e inmediatez de los puntos señalados, conviene señalar que existen otros asuntos más preocupantes que se están ignorando en el debate sobre la Universidad, concebida como motor del desarrollo económico y social y como elemento innovador y previsor del futuro. Quisiéramos apuntar simplemente algunos de ellos.

Como premisa de partida, se entiende que el debate tendría que ser considerado asunto de Estado, respetando por supuesto las competencias autonómicas en este ámbito. La planificación del sistema público universitario español debe hacerse en este contexto, incluyendo obviamente los parámetros básicos de su financiación.Y sin pretender ordenar, ni menos hacer una relación completa de puntos para el debate, señalaría que quizás debiera existir un equilibrio entre cooperación y coordinación y la necesaria competencia entre universidades, así como una apuesta decidida por la armonización y convergencia con la Europa del conocimiento.

Se debería contemplar la implicación de la Universidad en la solución de los problemas del entorno, la docencia flexible e interdisciplinar, capaz de incorporar nuevas técnicas docentes mediante la formación didáctica de los profesores, o la incorporación plena del potencial de las Técnicas de la Información y la Comunicación. Convendría estimular la creación científica básica y aplicada o la modernización de las estructuras administrativas y de los perfiles del personal de la Administración para atender a los nuevos servicios que presta la Universidad.

Esta relación de puntos para el debate no quedaría completa sino se contemplasen actuaciones que favorezcan la formación integral de los estudiantes en la participación, la cultura, el deporte y el ocio, así como el desarrollo de actitudes sociales positivas hacia la cooperación al desarrollo, el respeto hacia las minorías culturales y la sensibilidad de género.

Por otra parte, tampoco se debería de posponer el análisis de los límites éticos, económicos y jurídicos a la transferencia de conocimientos, resultados de investigación y patentes al tejido productivo. Además, sería muy positiva la aplicación de indicadores de calidad a los procesos docentes, investigadores y de gestión para estimular los logros en la consecución de los objetivos propuestos.

Esta podría ser, parafraseando el título del libro del profesor Michavila presentado hace unos días en Madrid, una posible aproximación a la 'salida del laberinto' para las universidades públicas españolas. Algunas de las reflexiones planteadas aquí están inspiradas en aquella presentación.

Salvador Ordóñez es el rector electo de la Universidad de Alicante.