Sobre salud laboral

Cuando en noviembre de 1995 se aprobaba la Ley 31/95 con el nombre de Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), todos aquellos que de una u otra manera estábamos involucrados en el mundo de la salud laboral nos las prometíamos muy felices, ya que se creaba una herramienta a través de la cual se iba a 'establecer los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo...'.

La ley era el inicio de una serie de reglamentos y reales decretos que haría más fácil el seguimiento de todo ello, contando con la relación directa de la empresa y el trabajador, teniendo como salvaguarda desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a nivel provincial hasta el propio Consejo de Ministros -según el caso y responsabilidad de compe-tencia- y como objetivo la mejora de la salud laboral.

Este instrumento que se nos estaba sirviendo se creaba con un afán, entiendo yo, de hacer más sencilla la relación entre todas las partes que teníamos que cumplir, entre otros objetivos, el control y disminución de la siniestralidad y de detectar los riesgos propios de cada categoría y de aquellos que estaban empezando a aparecer en el tejido laboral.

Después de cinco años de aquel hecho, se puede afirmar que de poco ha valido cuando estamos a niveles de países subdesarrollados en la lucha contra la siniestralidad; que la mayoría de las empresas aún no han evaluado la totalidad de los puestos de trabajo; que tanto los miembros de los comités de seguridad y salud como los delegados de prevención y los propios trabajadores muchos de ellos están aún sin formación en materia de salud y prevención.

Y todo ello ha dado pie a que la Fiscalía General del Estado quiera tomar cartas en el asunto y poner orden en una cacharrería donde todo está 'manga por hombro'.

Mal van las cosas en un país donde, con todos los medios que tenemos, tanto empresarios como trabajadores, sindicatos y autoridades, no hemos conseguido en cinco años mejorar y llevar a buen término aquello que es responsabilidad del mundo laboral y que tenga que llegar a judicializarse algo que debe estar en otras manos, empezando por los servicios de prevención y terminando por la responsabilidad personal del trabajador.-