Mover el banquillo

MIENTRAS PROSIGUEN dentro del PP las confusas maniobras orientadas a rectificar la doctrina Aznar sobre las ventajas de limitar la estancia en el poder a dos mandatos consecutivos, la Ejecutiva del PSOE propondrá a la Conferencia Política del próximo mes de julio no sólo la adopción de prácticas semejantes de ayuno voluntario dentro de la organización, sino también una reforma legislativa que limite a tres mandatos consecutivos el desempeño de numerosas funciones ejecutivas y representativas estatales, autonómicas y municipales. La iniciativa se propone abrir las puertas de la política a quienes aspiran a traspasarlas y fortalecer así los sentimientos de participación de los ciudadanos.

Aznar ha vuelto a anunciar, esta vez a través del Ministerio de la Presidencia y como contestación al escrito de un peticionario espontáneo, su decisión de no ser el candidato del PP en las próximas elecciones generales, honrando así la palabra dada en 1996 de no permanecer al frente del Ejecutivo más de ocho años seguidos; el presidente del Gobierno también ha transmitido, por ese mismo conducto, su tajante negativa a imponer por ley esa pauta de comportamiento a los demás cargos públicos. Las presiones del aparato del PP para que los presidentes autonómicos de Valencia y de Madrid -vinculados ante la opinión por esa misma promesa- acepten la candidatura a la tercera renovación de su mandato parece orientada a subrayar la excepcionalidad de Aznar respecto a su séquito.

La decisión de Aznar de limitar a dos tramos consecutivos su mandato presidencial parecía inscrita dentro de un proyecto global: promover la renovación de la clase política e imposibilitar el aferramiento de los titulares de cargos públicos al poder. A la vista de los acontecimientos, sin embargo, se diría que sólo fue un gesto personal destinado a sugerir un desprendimiento franciscano del poder, compatible, por lo demás, con la permanencia sine die al frente del PP. La chirriante contradicción encarnada en el valetudinario Fraga, que concurre por quinta vez a las elecciones gallegas, podría ser interpretada como el privilegio concedido al presidente fundador de un partido que se resiste a la jubilación; resulta inexplicable, en cambio, que los criterios aplicados por Aznar a su propio caso no se hagan extensivos a los presidentes autonómicos: sobre todo si -como ocurre con Zaplana y Ruiz-Gallardón- se comprometieron ante el electorado a no presentarse como candidatos a un tercer mandato.

Menos convencida tal vez del carácter altruista de los políticos profesionales, la Ejecutiva socialista pretende, por el contrario, imponer por ley y con carácter general la limitación temporal del ejercicio del poder -ampliados esta vez a tres mandatos consecutivos-a un gran número de cargos ejecutivos y representativos. En los regímenes construidos según la pauta constitucional norteamericana son frecuentes las limitaciones a la reelección del presidente de la República (el mandato único, la prohibición del tercer mandato, la solución de continuidad en el poder), pero muy excepcionales las restricciones temporales a los parlamentarios. En cualquier caso, el recurso a las normas legales para mover el banquillo de la clase política en España es impropio de la lógica de los sistemas parlamentarios y tiene difícil encaje en la Constitución de 1978.

Hasta la aprobación en 1951 de la vigésima segunda enmienda de la Constitución de 1789, la regla de los dos mandatos fue un simple uso político instaurado por Washington y consolidado por Jefferson, Madison y Monroe: sólo la ruptura de esa tradición por Roosevelt forzó la prohibición legal del tercer mandato. Aunque los instrumentos normativos propuestos por los socialistas para promover la circulación paretiana de las élites de zorros y leones fuesen inviables, siempre quedaría la posibilidad de que el elogiable precedente creado por Aznar se transformase en un uso político vinculante para sus sucesores y extensible a otros cargos.