El PSOE pide el retraso de la Ley de Universidades para después del verano

Las relaciones entre el Ministerio de Educación y los portavoces de Educación socialistas se tambalearon ayer tras afirmar el ministerio que no es verdad lo que habían afirmado los socialistas horas antes. El PSOE asegura que 'lo único que se sacó en claro de la reunión de ayer fue la confirmación de la implantación de la reválida, a la que dedicaron la mitad del tiempo de la reunión (casi dos horas y media)', según manifestaron los tres representantes que asistieron por parte del PSOE: la responsable de Educación en la Ejecutiva socialista, Carme Chacón; la portavoz de Educación en el Congreso de los Diputados, Amparo Valcarce, y el portavoz adjunto de Ciencia y Tecnología, Jaime Lissavetzky.

El ministerio desmintió 'de forma categórica' haber asegurado a los socialistas que se reinstauraría la reválida, dijo el secretario de Estado de Educación, Julio Iglesias de Ussel.

El Gobierno reiteró que hay que esperar a la Ley de Calidad, que estará lista en otoño, para desvelar esta incógnita. De momento, agregó, simplemente se está barajando esta alternativa. La reválida buscaría la homologación de los conocimientos de todos los alumnos al final del bachillerato, aunque aún está por definir si contará como una nota más o hará media con las de los dos cursos del bachilerato para obtener una nota final, como ocurre ahora con la de selectividad. Tampoco se sabe quién se encargará de organizar estas pruebas, si las comunidades autónomas o el Gobierno, aunque presumiblemente no participarán en ellas las universidades.

Según los socialistas, la instauración de la reválida representa 'mantener una selectividad y dificultar el acceso de los estudiantes de la universidad', señalaron Carme Chacón y Amparo Valcarce. Sobre el texto de la Ley de Universidades, Chacón dijo que 'si se presenta en el Congreso antes del verano, como se ha anunciado, se estaría haciendo una reforma de la universidad contra la propia universidad', en alusión a las críticas al proyecto manifestadas en los últimos días por los 10 rectores de las universidades públicas andaluzas, dos de centros de la Comunidad Valenciana, siete catalanes y los rectores de las universidades de León y de Zaragoza. De los 48 rectores de universidades públicas, por tanto, 21 han vertido duras críticas contra el proyecto.

Todos los que se han manifestado sobre esta cuestión piden más tiempo para abrir un debate en profundidad. El motivo lo sintetizó Lissavetzky: 'No se puede zarandear a las universidades durante varios años y luego darles sólo 15 días para debatir un texto que modifica aspectos cruciales que las obligarán a reorganizarse completamente'.