El Gobierno de Argentina presiona a los sindicatos para firmar un pacto en Aerolíneas

"Está en juego el futuro de la empresa", dicen al unísono fuentes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de España, que controla el 85% de la compañía, y del Ejecutivo argentino. Por su parte, los líderes de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) y de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) ponen como condición previa para sentarse a negociar la reincorporación de 58 de trabajadores, que, según los sindicatos fueron despedidos, mientras que la empresa considera que simplemente no se les renovaron los contratos.

APTA y AAA, que reúnen a unos 2.000 trabajadores de una plantilla actual de 6.760, están bajo una intensa presión de los otros cinco sindicatos (cerca de 5.000 trabajadores) que han aceptado negociar y que han firmado un preacuerdo con la empresa.

La crisis no se desactivará si no hay un compromiso de todas las partes, incluidos los dos sindicatos disidentes.

La situación sigue siendo volátil, sobre todo desde el miércoles por la noche (hora local) cuando expiró sin acuerdo el plazo de conciliación obligatoria decretado el 3 de mayo por la ministra Bullrich.

Formalmente, la empresa tiene las manos libres para enviar nuevas cartas de despido, pero el Gobierno ha logrado un compromiso de cumplimiento incierto, según el cual ambas partes se abstendrán de adoptar medidas de fuerza. En otras palabras, ni despidos ni huelgas.

Las actividades de la compañía transcurren con normalidad, teniendo en cuenta el estado de ánimo de los trabajadores, aunque ayer se vieron alteradas por dos amenazas de bomba, que obligaron algunos retrasos de vuelos.

Plan director

Desde que el pasado 9 de noviembre la SEPI lanzó el llamado plan director para salir de la crisis, unos 800 trabajadores han abandonado la compañía a través de retiros voluntarios y otras bajas, incluidos despidos. Otros 50 empleados están tramitando su salida.

El tema salarial es uno de los más graves escollos. Para empezar, la plantilla no ha cobrado la nómina de abril y el 22 de mayo es la fecha límite fijada por la empresa para el pago. Cuando en octubre se produjo una nueva capitalización del grupo Aerolínaeas Argentinas-Austral, las partes se comprometieron a aportar un total de 650 millones de dólares.

La SEPI puso 617 millones, correspondientes al 85% de las acciones que detenta, mientras que el Estado argentino, que detenta un 5%, desembolsó 8,25 millones de dólares, quedando a deber 24,1 millones en un plazo de dos años

La SEPI propone ahora que si el Estado argentino decide hacer un adelanto, el dinero se destine íntegramente al pago de salarios.

La empresa pretende convertir en papel mojado convenios colectivos que datan de 1975 y, entre otras medidas, propone un aumento a 9 horas diarias la jornada laboral de los técnicos, a quienes se pide una ampliación de sus funciones actuales, y un incremento de un 5% de las horas de vuelo mensuales para las azafatas.

La reducción del transporte de casa a las instalaciones de la empresa, la sustitución de los comedores por un ticket-restaurant y un descuento de los gastos de viaje son otros de los puntos que la gerencia propone a los trabajadores.

30 millones al mes

Aerolíneas Argentinas pierde 30 millones al mes, cifra que se disparó a tres millones diarios durante la reciente huelga del personal técnico.

La deuda asciende a 900 millones de dólares. La SEPI ha reiterado que no está dispuesta a invertir más dinero en lo que considera es un pozo fondo. Por el contrario, plantea una reducción de unos 1.600 puestos de trabajo y un drástico recorte de los gastos.

La herencia de una controvertida privatización iniciada en 1990, bajo el Gobierno del peronista Carlos Menem, pesa como una losa. Los trabajadores acusan "a los españoles" de haber "vaciado" la compañía y al Gobierno argentino por haber vendido la línea de bandera a una compañía competidora en rutas como Iberia y no a una línea aérea complementaria.

En la red de Internet empiezan a circular textos anónimos abiertamente críticos con España.

Uno de ellos propone boicotear durante una semana los productos y/o servicios de empresas españolas "que hoy obtienen ganancias multimillonarias en Argentina".

Las discusiones de la ministra de Trabajo con los sindicatos disidentes continuarán hoy a la espera de un punto de acuerdo que permita el inicio de las negociaciones con todos los representantes de los trabajadores, que se celebrarían entre Buenos Aires y Madrid.

¿Y si no hay acuerdo? Fuentes de la empresa prefieren no aventurar respuestas y se limitan a señalar que, de momento, "no se contempla este escenario".