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Los profesionales de Alicante no rebajarán tarifas a los 'sin papeles'

Los organizaciones sociales y sindicales de la provincia de Alicante, órganos activos en el proceso de regularización autonómico, reprocharon ayer la 'negativa' de los colegios oficiales de abogados, gestores y economistas a establecer una tarifa social de referencia a los sin papeles que soliciten sus servicios para la tramitación de los documentos.

La sede de la Subdelegación del Gobierno en Alicante acogió ayer una reunión entre las organizaciones no gubernamentales y sindicales -CC OO, UGT, Cáritas Diocesana, la red de los Acoge en Alicante, Secretariado de Diocesano de Migraciones, Benidorm en Acción, Cite y Cear- con los colegios oficiales de abogados, gestores, economistas y graduados sociales. El propósito no era otro que invitar a estos profesionales a establecer tarifas sociales de referencia en la tramitación de las solicitudes, dada la precaria situación económica que padecen la gran mayoría de los extranjeros. Las entidades sociales y sindicales reclamaron también a los colegios una actuación 'más decidida y firme' con el fin de atajar la picaresca y las prácticas fraudulentas de las que son objeto los inmigrantes por parte de algunos de estos profesionales, durante los diferentes procesos de regularización.

Sin embargo, a excepción del Colegio de Graduados Sociales de la provincia de Alicante, que sí se comprometió a recomendar a sus profesionales el establecimiento de tarifas más baratas, el resto de los representantes colegiales no 'sólo desoyeron estas peticiones sino que además las rechazaron de forma peyorativa', según denunció el director técnico de la organización no gubernamental (ONG) Alicante-Acoge, Carlos Gómez.

El portavoz de la ONG recordó que este nuevo proceso de regularización es fruto de las movilizaciones convocadas por extranjeros y organizaciones sociales; pero en cambio, son ahora estos profesionales los que 'se lanzan raudos y veloces a ver qué pueden sacar de los extranjeros', lamentó.

Pasividad

Al término de la reunión, los sindicatos criticaron también la actitud 'pasiva' del subdelegado del Gobierno, Luis Garrido, 'pese a tratarse de un proceso público'. Los dirigentes sindicales manifestaron que no volverán a reunirse en la comisión de seguimiento -constituida para controlar el desarrollo del citado proceso- con los colegios profesionales porque, explicaron, 'no son partes firmantes del mismo'.

Las entidades sociales y sindicales aprovecharon la cita para informarse además sobre los plazos límite del proceso de regularización autonómico. Algunas organizaciones, como Alicante-Acoge, han previsto citas hasta el próximo mes de agosto, lo que significa una cifra cercana a los 2.000 extranjeros, según Gómez. Sólo en la provincia de Alicante, al menos 8.000 extranjeros podrían acogerse al proceso de regularización autonómica.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 15 de mayo de 2001