Procesados dos vigilantes y un jefe de Metro por abandonar a un moribundo

Los vigilantes sacaron a la calle al muchacho, Javier Echevarría Torres Sauquillo, hijo de la eurodiputada socialista Francisca Sauquillo, y lo dejaron allí 'abandonado' y moribundo, según el auto de procesamiento dictado por el juez Carlos Martín, titular del Juzgado de Instrucción 1 de Madrid. El traslado en volandas desde el interior del metro a la calle se produjo la fría noche del 7 de abril de 1998. Un transeúnte que pasó por el lugar, pasada la una de la madrugada, avisó al Samur al ver el cuerpo inerte joven postrado en el suelo.

Cuando los médicos del Samur llegaron al lugar, el estado del chico ya era de suma gravedad. Javier murió poco después de ingresar, aún con vida, en el cercano hospital de La Princesa. Por aquel entonces sufría un cuadro de anorexia grave y llevaba tiempo tratándose de su enfermedad. El hospital en el que había estado hospitalizado por ese motivo le había dado el alta justo un día antes de fallecer, al considerar que su salud había experimentado una clara mejoría.

La tarde del día en que Javier halló la muerte había salido de casa de sus padres y utilizó el metro para ir a visitar a su abuela y contarle los pormenores de su tratamiento. Se apeó del vagón en la estación de Lista (Salamanca). Cuando caminaba por los pasillos del suburbano en dirección a la salida de la calle del Conde de Peñalver, Javier se sintió mareado. Su familia cree que pudo sufrir una drástica bajada de glucosa que le condujo a un estado semicomatoso. Aturdido, se sentó en una escalerilla que hay en el vestíbulo de la estación y quedó tendido sobre ella. Ni hablaba ni se movía.

'Solo y enfermo'

Minutos después se presentaron en el lugar los vigilantes José Muñoz Navajas, de 49 años, y Juan Carlos García Ormeño, de 35. Ambos pertenecían a la empresa de seguridad Prosesa, contratada por Metro para labores de vigilancia. Muñoz y García, al ver el cuerpo del chico tirado sobre unas escaleras, avisaron por radio a la central de seguridad de Metro y explicaron la situación en la que se hallaba Javier. Estaba 'solo, sin poder hablar, enfermo y en estado de semiinconsciencia', explica el juez Carlos Martín en el auto en el que abre el juicio oral contra los tres acusados. 'Ambos vigilantes, de mutuo acuerdo', apunta el magistrado, 'efectuaron varias llamadas a la central' para que desde allí se alertase a una ambulancia, agrega el juez.

Pero todas las llamadas las atendió José Luis Hernández Calvo, de 51 años, responsable de seguridad de la compañía esa noche. A diferencia de los guardias, Hernández no tiene vinculación laboral con Prosesa. Es empleado de Metro y aquella noche era el responsable de seguridad, a quien los vigilantes debían consultar cualquier decisión. 'Es hermano del segundo jefe de seguridad de Metro', explicó ayer a EL PAÍS el guarda Muñoz Navajas, uno de los procesados.

Según consta en las diligencias judiciales (hay una cinta grabada con las conversaciones), la respuesta de Hernández ante las primeras llamadas de auxilio de los vigilantes fue que no avisasen a nadie y que sacasen al chico de allí. 'Lo mismo que ha entrado solo, que salga solo; no somos monjas de la caridad', espetó.

Al llegar la hora del cierre de las cancelas de la estación, y dado que Javier seguía postrado en el suelo y dentro de las instalaciones del suburbano, los guardias volvieron a requerir instrucciones de Hernández. Siempre según las diligencias judiciales, éste reiteró, con voz arrogante, que le sacasen a la calle, y fue cuando soltó la terrible frase: 'Si es un drogata, que le den por el culo'. Hernández indicó ayer a este periódico que no deseaba hacer ningún comentario sobre este asunto. El juez no recoge tales frases en su auto de procesamiento, aunque subraya que Hernández, 'lejos de atender la petición que recibió [de los vigilantes, avisar a una ambulancia], les aconsejó que desalojasen al chico de las instalaciones y le dejasen en la calle'. Tal 'consejo', apunta el juez, 'fue aceptado por los guardas', pues le sacaron hasta una boca del suburbano y le dejaron 'abandonado y a la intemperie'.

Lo encontró un transeúnte

Quien sí se preocupó por Javier y llamó al Samur fue un transeúnte que se topó con la agonía de Javier. Tras recibir los primeros servicios de auxilio, el Samur condujo al joven al hospital de La Princesa. En el parte médico, el Samur indica: 'Se trata de una persona que parece ser enferma de sida'. No lo era, aunque la anorexia había machacado durante meses a Javier y su delgadez era patente. El vigilante Muñoz, uno de los procesados, relató ayer que poco después de estos hechos fue despedido de su empresa. Muñoz elaboró un parte tras el suceso en el que justificó su actuación en las instrucciones recibidas. 'Me dijeron que rectificase el parte porque podía dañar a Metro y a mi empresa; me negué y me despidieron', afirmó. Muñoz asegura que Prosesa contraviene la Ley de Seguridad Privada, ya que permite que alguien ajeno a ella dé órdenes a los vigilantes. 'Estábamos atados de pies y manos', se lamenta Muñoz, con el pesar de quien no pudo evitar el trágico final del joven.

El juez cree que hay un delito de omisión del deber de socorro, castigado en el Código Penal con una multa que puede oscilar entre los 3 y los 12 meses, y ha decidido que tanto los vigilantes como el responsable de seguridad sean enjuiciados por un jurado popular. Mientras se celebra el juicio, en la Audiencia de Madrid, los tres encausados deberán pagar una fianza global de 27 millones de pesetas. Si no la abonan, la orden del magistrado es que les sean embargados 'bienes suficientes' que la garanticen, o bien que Metro y Prosesa paguen ese dinero como responsables civiles subsidiarios.