Aritmética electoral y escenario postelectoral

Aunque toda contienda electoral coloca siempre en primer plano los resultados de las distintas fuerzas políticas, y es lógico que así sea, no hay que perder nunca de vista el nuevo escenario político que se abre tras las elecciones. No hay que olvidar, además, que los escenarios políticos postelectorales pueden ser distintos, aun con los mismos resultados, dependiendo de las combinaciones entre las fuerzas políticas para formar gobierno o para quedar ubicadas en la oposición.

Más allá de los datos propios de la aritmética electoral, que conoceremos esta noche, es preciso hacer un planteamiento de la cuestión en términos de álgebra política; es decir, teniendo en cuenta las posibles incógnitas que puedan plantearse, que habrá que resolver después de las elecciones. Conviene ser conscientes de ello, también antes de las elecciones, aunque sólo sea para no caer en el error de pretender resolver los problemas planteados mediante las simples operaciones aritméticas de la suma y la resta (de votos y escaños en este caso).

'La fractura política producida a lo largo de esta legislatura entre las fuerzas democráticas es el dato del que hay que partir al afrontar la nueva situación tras las elecciones'

El principal problema que se plantea en la coyuntura política actual no es solo despejar la incógnita de la composición del nuevo Gobierno después de las elecciones, que lo es, y muy importante, sobre todo tras la nefasta experiencia de la legislatura que acaba de finalizar; pero tan importante o más es saber cuáles pueden ser las bases programáticas para gobernar durante la nueva legislatura y, muy especialmente, sobre qué criterios sería posible articular un acuerdo entre las fuerzas democráticas para hacer frente al problema de la violencia terrorista. Hay que advertir, además, que ni siquiera la primera cuestión, relativa a la composición del gobierno, puede tener solución en términos de aritmética parlamentaria, pero incluso aunque la tuviera debería ir acompañada necesariamente de un acuerdo programático -el álgebra política-, que es algo más complejo, y también más importante, que la simple operación de contabilizar escaños para, sobre esta única base, formar gobierno.

La fractura política producida a lo largo de esta legislatura entre las fuerzas democráticas, además del factor más negativo de este último periodo, es el dato del que necesariamente hay que partir al afrontar la nueva situación tras las elecciones. No es nada ajeno a esta nueva situación el Acuerdo de Lizarra, bajo cuyo influjo se ha desarrollado toda la actual legislatura, que ha supuesto la voladura incontrolada de todos los frágiles equilibrios existentes hasta ese momento, abriendo una dinámica frentista cuyo principal efecto ha sido profundizar en la fractura política, e incluso social en algunos casos, de la sociedad vasca.

La rectificación de esta dinámica mediante el acuerdo entre las fuerzas democráticas sobre bases programáticas comunes ha de ser una de las tareas prioritarias tras las elecciones.

La tarea no es nada fácil, porque para ello no basta solo con hacer recuento de escaños; y también porque, previsiblemente, no va a ser posible reproducir los equilibrios que funcionaban hasta 1998, ni en relación con el Gobierno ni con la oposición, como consecuencia de los cambios sobrevenidos en la (co)relación de fuerzas en este último periodo. Así, y por lo que se refiere a las principales fuerzas políticas, el PNV ha perdido, por primera vez en estas dos últimas décadas, la centralidad que ostentaba en la escena política vasca desde las primeras elecciones autonómicas. Independientemente de que la aritmética electorral y parlamentaria le pueda resultar ligeramente favorable gracias a su asociación con EA y al previsible trasvase de votos de EH, el hecho cierto es que, tras su aventura de Lizarra, las dificultades que va a tener para encabezar una coalición de gobierno estable van a ser muy superiores a las que ha tenido en cualquier otro momento hasta ahora.

Paradójicamente, a quien más ha beneficiado y fortalecido políticamente el Acuerdo de Lizarra no ha sido a las fuerzas que lo suscribieron, sino a aquellas contra las que iba dirigido y que quedaron excluidas del mismo. En este sentido, la muestra más evidente es el PP, no sólo desde el punto de vista de la aritmética electoral sino, sobre todo, porque ha pasado a tener un protagonismo estelar en la escena política vasca como nunca lo había tenido antes, erigiéndose en una de las fuerzas centrales del sistema político vasco que en ningún caso puede ser ignorada a la hora de plantear cualquier operación. Consideraciones similares, aunque en otro plano distinto, cabe hacer sobre el PSE-EE, que a pesar de no serle tan favorable la aritmética electoral como en el caso anterior, ha visto revalorizado su papel en la oposición y como pieza clave de cualquier combinación de gobierno.

Esta reubicación de las distintas fuerzas en el espacio político vasco, como ya se ha dicho paradójicamente propiciada por los efectos inducidos por el propio Acuerdo de Lizarra, abre un nuevo escenario en el que previsiblemente ni la configuración del nuevo gobierno ni las relaciones entre éste y la oposición van a poder regirse en lo sucesivo por el mismo esquema seguido hasta ahora. Entre otras cosas porque la misma aritmética parlamentaria es posible que fuerce a buscar nuevas fórmulas de gobierno si se quiere garantizar la gobernabilidad. Se presenta así una buena ocasión para que, más allá de la aritmética parlamentaria (aunque sobre la base de ella), se aborde la cuestión en términos de lo que hemos denominado álgebra política, para poder despejar la incógnita que ha venido planteándose últimamente en torno a la cohesión entre las fuerzas políticas democráticas y su capacidad para acordar unas bases programáticas comunes para la próxima legislatura; y en especial para hacer frente al problema del terrorismo que, además de la gravedad que tiene en sí mismo, condiciona todos los demás.

La experiencia reciente de esta legislatura, marcada por la confrontación y la fractura entre las fuerzas democráticas en un grado que no se había producido hasta ahora, debe servirnos, al menos, para saber cuál es el camino que no hay que seguir; y para impedir por todos los medios que se reproduzca la dinámica frentista que ha venido desarrollandose desde el Acuerdo de Lizarra. En este sentido, resulta obligada la referencia al Acuerdo de Ajuria Enea, principal víctima de aquél y que, a pesar de todo, sigue siendo en el momento actual el único referente común (no hay otro) que puede permitir la recuperación del consenso democrático frente al terrorismo. Las bases que en él se establecen bien podrían servir como un buen punto de partida para empezar a hablar a partir de hoy. Y, además, puede ocurrir que hasta la propia aritmética electoral y parlamentaria obligue necesariamente a ello.

Andoni Pérez Ayala es profesor de Derecho Constitucional de la UPV-EHU