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El juez anula las sanciones del alcalde de Pego a dos policías locales

El alcalde de Pego (Marina Alta), el independiente Carlos Pascual, acaba de cosechar un nuevo revés en los múltiples frentes que tiene abiertos en los juzgados. El titular del Juzgado número 3 de lo Contencioso-Administrativo de Alicante ha decretado nulos los expedientes de suspensión cautelar de empleo y sueldo abiertos por el primer edil de Pego a dos policías locales. En la sentencia, cuyo fallo avanzó ayer el sindicato CC OO, el magistrado acepta el recurso presentado por los dos agentes expedientados y, por ende, ordena el levantamiento de las sanciones.

El primer agente sancionado fue el cabo Gonzalo Vicens. El alcalde incoó el expediente el pasado 23 de febrero, justo un día después de que ambos [el alcalde y el policía] mantuvieran un enfrentamiento en el Ayuntamiento. El segundo funcionario, también expedientado por Carlos Pascual, es el agente Rafael Moll, a su vez, delegado sindical de CC OO, que desde el pasado 8 de marzo está igualmente suspendido de empleo y sueldo. Oficialmente, el alcalde justificó la sanción porque el agente no le hizo el saludo protocolario cuando los dos se cruzaron en la calle.

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En la vista oral del recurso, celebrada el pasado día 3, la letrada de los agentes pidió la anulación de la medida porque, a su juicio, era 'injusta y arbitraria'. 'En ningún caso está motivada y obedece a cuestiones ajenas al ejercicio de las funciones de los agentes expedientados', argumento.

Según esta parte, con el expediente contra el cabo Vicens el alcalde pretendía intimidar al policía para que no presentase una denuncia. El agente denunció finalmente a Pascual por un supuesto delito de insultos amenazas y lesiones. La querella la instruye un juzgado de Dénia. En cuanto al expediente al agente Moll, la abogada sostuvo que fue la respuesta del primer edil a la declaraciones realizadas por el policía a los medios de comunicación, en su calidad de delegado sindical, tras una manifestación celebrada en la localidad contra el alcalde.

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La actitud del Pascual tras la mentada manifestación le ha acarreado otras dos nuevas querellas criminales que la Fiscalía de Alicante ha remitido a los juzgados para que se investiguen. La primera ha sido presentada por CC OO por los supuestos delitos de prevariación, coacciones y limitación de los derechos sindicales. La segunda fue promovida por la asociación gitana Alicante Kalí por un supuesto delito de racismo y xenofobía, derivado de unas declaraciones realizadas por Pascual a una emisora local contra el colectivo gitano.

Pascual ha expedientado a otros 14 policías por su supuesta participación en la concentración. De su afán sancionador no ha escapado ni el enterrador del pueblo, igualmente suspendido de empleo y sueldo por supuesto abandano del puesto de trabajo y participar en la protesta.

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