El Gobierno potencia los centros privados en la nueva Ley de Universidades

El texto articulado del proyecto de Ley Orgánica de Universidades (LU) incluye una notable novedad con respecto a las líneas maestras adelantadas por la ministra de Educación y Cultura, Pilar del Castillo, hace apenas tres semanas: todo un capítulo dedicado a la regulación de las universidades privadas y de la Iglesia, que se sitúan definitivamente en el mismo plano que los centros públicos.

El proyecto, remitido ayer a los rectores y a los responsables de las comunidades autónomas, crea el Consejo de Coordinación Universitaria como sustituto del actual Consejo de Universidades. De él formarán parte, al contrario que en la actualidad, los rectores de las 14 universidades privadas y las cuatro de la Iglesia, junto con los de los 48 centros públicos.

La nueva ley dejará en manos de las universidades los criterios de admisión de los alumnos, una vez suprimida la selectividad actual, y reduce el papel de los estudiantes en la elección del rector, que será por voto ponderado, y no a través del claustro. El proyecto también establece que el nuevo profesorado con contrato laboral no podrá ser superior en número al de profesores funcionarios, lo que significa que la mitad menos uno de los docentes podrán ser contratados.