Empleo dice que paralizó los pagos a los centros de formación demandados por una ex profesora
La denunciante pide despido nulo porque lo provoca su 'negativa a participar en un fraude'
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El juzgado de lo Social número 8 de Valencia resolvió en una sentencia de 30 de marzo que el despido de Lourdes Calatayud era improcedente y no nulo como solicitó su defensor Vicente Vercher. Éste recurrirá la sentencia ante el Tribunal Superior de Justiricia porque considera nulo el despido, ya que se produce tras 'la negativa de su cliente a participar en un fraude' y por lo tanto sí se conculcan los derechos fundamentales.
La ex profesora estuvo contratada entre julio y agosto de 2000 y entre septiembre y octubre del mismo año para impartir cursos de formación ocupacional por Técnicas de Enseñanza Europeas e Integral Tecno, academias que imparten cursos subvencionados por la Consejería de Empleo con un 75% de fondos europeos y un 25% de la Generalitat. Las empresas que la contrataron le dieron a firmar facturas por la cantidad establecida por ley para este tipo de cursos, y que luego se presentaban a cobro a la Generalitat, cuando lo que se le pagaba era un 50% menos. La negativa de la ex profesora motivó su despido tres días antes de que acabase el contrato. Calatayud ha iniciado ahora un segundo proceso para reclamar estos desfases salariales.
La ex profesora, además de la demanda por despido, puso el caso en conocimiento de la Consejería de Empleo con dos escritos pasados por registro el 13 y 14 de noviembre de 2000. Ahí contaba que su baja como profesora no había sido voluntaria, como explicaron los responsables de la academia a técnicos de Empleo, sino que la habían expulsado. 'Pretendían que firmase una factura por un importe que no coincidía con el dinero que realmente iba a recibir yo. La factura tenía un valor de 1.174.635 pesetas y es la que la entidad presenta a la consejería y el importe real que yo percibía era de 192.501 pesetas', argumentó entonces la demandante, quien insistía en que existen otros casos similares al suyo.
También estaban advertidos la Inspección de Trabajo que, según Vercher, 'se inhibió'. De 60 profesores sólo dos personas han denunciado este caso. Un portavoz de Empleo aseguró ayer que desde la presentación de la demanda de despido se había paralizado el pago de subvenciones a estas academias, si bien no concretó ni los cursos que tenían subvencionados ni si la paralización de los pagos se extiende a todas las empresas mencionadas en la demanda, un total de cinco centros.
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