Un juzgado de lo Social pide al TSJ que investigue a academias que gestionan fondos de formación

El caso lo destapó Lourdes Calatayud, contratada como profesora por las empresas Técnicas de Enseñanzas Europeas e Integral Tecno, dedicadas a la enseñanza no reglada y colaboradoras con la Consejería de Trabajo de la Generalitat en la organización de cursos de formación profesional ocupacional.

Según la sentencia, fechada el 30 de marzo, la docente fue contratada entre julio y agosto de 2000 y entre septiembre y octubre del mismo año para impartir dos cursos de 360 y 252 horas lectivas. Sin embargo, la empresa le imputó por el primero de los cursos 170 horas y 168 por el segundo, es decir casi un 50% menos. Tres días antes de la finalización del segundo contrato la empresa le comunicó a la demandante que 'ya no volviera más', 'que estaba expulsada' de su puesto de trabajo. Esta profesora se había negado a firmar facturas por impartir los cursos para estas dos academias por un importe 'muy inferior' a lo que le correspondía y se justificaba ante la Generalitat, responsable de la concesión y tramitación de estas subvenciones.

El juzgado ha declarado el citado despido como improcedente y ha condenado a Técnicas de Enseñanza Europeas a pagar 278.869 pesetas como indemnización y 63.370 en concepto de salarios de tramitación. Pero lo relevante es uno de los últimos párrafos de la sentencia donde textualmente se afirma: 'Firme que sea la presente resolución, dedúzcase testimonio de lo actuado para su remisión a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por si los hechos fueran constitutivos de una infracción penal en relación a la gestión de subvenciones públicas'.

La investigación de estos hechos no sólo compete a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia sino también a los órganos de fiscalización de la Generalitat y a la Comisión Europea, dado que el importe de las subvenciones otorgadas a los centros es financiado en un 75% por el Fondo Social Europeo.

Otras organizaciones colaboradoras de la Administración que forman profesionalmente a parados (formación ocupacional) o reciclan a los trabajadores en en activo (continua) tienen procesos judiciales abiertos por una gestión irregular de los fondos públicos.