El Ivima buscará casa a casa unos 15.000 pisos revendidos ilegalmente

El Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón anunció a finales del año pasado que pretendía legalizar la situación de los 15.000 pisos oficiales que habían sido vendidos irregularmente por sus adjudicatarios o que fueron ocupados mediante el sistema de la patada en la puerta. Para conseguirlo, el Ejecutivo regional presentó en la Asamblea de Madrid un proyecto de ley de Medidas Fiscales y Administrativas que permitía a la Comunidad de Madrid, con 'carácter excepcional', otorgar los pisos 'en favor de los ocupantes sin título suficiente' que acreditasen residir en ellos antes del pasado 1 de octubre de 2000, lo que suponía en la práctica una especie de amnistía.

Pero pasados cuatro meses, la mayoría de los presuntos moradores irregulares de estas viviendas no se han presentado en las oficinas de la Consejería de Obras Públicas reclamando la legalización de sus pisos.

Según explicó ayer el gerente del Ivima, Juan José Franch, 'por el momento, sólo unos 3.000 presuntos ocupantes ilegales se han interesado por el proceso'. De todas formas, nadie puede asegurar que las personas que han intentado regular la situación de estas viviendas sean los auténticos adjudicatarios. Franch admite que algunos de ellos pueden ser los auténticos adjudicatarios de viviendas, pero que posteriormente las vendieron a terceros. Ahora, y a la vista del proceso de amnistía, pretenden recuperar el título de propiedad que ilegalmente vendieron.

De una vez por todas

Por eso, al Ivima sólo le queda una solución: personarse en cada una de las 85.000 viviendas que son propiedad de este organismo de la Comunidad y comprobar que las personas que viven en ellas son las mismas que las adjudicatarias. 'Va a ser una tarea de enorme complejidad, pero es la única manera de descubrir, de una vez por todas, cuál es la situación de estos pisos', explica Franch. El gerente recuerda que en los últimos años las amnistías de la Comunidad han sido numerosas, pero que nunca se ha conseguido acabar con el problema.

El gerente del Instituto de la Vivienda admite que los 120 inspectores que ha lanzado a las calles para descubrir a los vendedores o ocupantes ilegales de pisos tardarán unos cuatro años en acabar su trabajo.

Los inspectores de la Comunidad llegarán sin previo aviso a las viviendas y hablarán con sus ocupantes. Si éstos son los mismos que los adjudicatarios, no habrá ningún problema. Sin embargo, si no se corresponden con las personas a quienes se les concedió el piso, el Ivima intentará legalizar su situación. A tal fin se les ofrecerán dos alternativas: comprar o alquilar.

La Consejería de Obras Públicas ofrecerá al ocupante la casa al 80% del precio marcado para el inmueble por la Consejería de Hacienda. Aproximadamente, el precio final es algo menos de la mitad del valor del inmueble a precio de mercado. Aquellos moradores que no dispongan del dinero que les reclama el Gobierno regional, podrán acogerse a otra opción: el alquiler. Los que se inclinen por esta alternativa deberán pagar anualmente en concepto de alquiler el 6% del valor del piso. Por ejemplo, para una casa valorada en cinco millones, el arrendamiento rondará las 25.000 pesetas mensuales.

Juan José Franch recuerda que las personas que no puedan pagar estos precios, y que demuestren que sus rentas no superan determinados límites (2,5 veces el salario mínimo profesional, pueden acogerse a las diversas reducciones que la Comunidad de Madrid les aplicará).

Finalmente, los ocupantes que no acepten ninguna de las dos alternativas (compra o alquiler), serán expulsados de las viviendas. 'La Comunidad iniciará las acciones legales destinadas al desahucio del ocupante que no quiera suscribir algunos de los contratos, así como de aquellos que no acrediten residir en la vivienda con anterioridad al 1 de octubre de 2000'.

El gerente del Ivima admite que buena parte de los afectados pueden haber comprado de buena fe los pisos a sus adjudicatarios originales y que ahora se encontrarán que la Comunidad de Madrid les reclama de nuevo el precio de la casa. 'Las viviendas del Ivima, si no están descatalogadas, no se pueden vender. Si alguien se considera perjudicado, lo que tiene que hacer es pleitear con el que le ha vendido la casa oficial', concluye el gerente.