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La sala Caracol decide permanecer cerrada, pero luchará por la reapertura

Los dueños buscan locales para los conciertos

Mientras, para dar a conocer el problema que el cierre les causa, los responsables convocaron ayer tarde una rueda de prensa con la intención de informar de cuál es el estado en que se encuentran el expediente y la licencia de la sala ante la justicia y la Administración municipal. Además, han convocado para las once de la mañana de hoy, viernes, una concentración en la plaza de la Villa, tras la finalización de la Comisión de Gobierno que preside semanalmente el alcalde, José María Álvarez del Manzano.

Ricardo Ibáñez Castresana, representante legal de Navefénix, SL, la empresa que explota la sala, aseguró que no existe notificación expresa del cierre por parte del Ayuntamiento. Sin embargo, sí se había precintado su acceso en ausencia de los responsables de la sala. La interpretación de dos puntos de la licencia, calificada como 'atípica' por el letrado, parece el origen de todo el conflicto, que viene coleando desde enero de 1996, fecha en la que la sala pasó a ser de los actuales propietarios. Se le consentía entonces a Caracol un aforo de 35 personas, y entre sus actividades constaba la de 'difusión de todo lo relacionado con la música popular', algo que Ibáñez 'nunca había visto para ningún otro local de similares características'.

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Un expediente que resume casi diez años de conflicto

En 1996 la sala acometió, según recordó ayer su abogado, una serie de reformas de insonorización y seguridad con las que luego pidió un cambio de licencia que le permitiera ampliar su aforo para acoger una persona por metro cuadrado (la pista de la sala es de 349 metros cuadrados) y a realizar todo tipo de conciertos. Hubo entonces, según el representante legal, 'unos intentos de negociación con el Ayuntamiento para acelerar el trámite de licencia, llegando al contencioso-administrativo 1319/96, aún sin resolución definitiva'.

El pasado mes de febrero se recibió el pleito a prueba y en las alegaciones que la sala tuvo que hacer figuraba la de llamar como testigos a dos de las primeras propietarias de la sala, Piedad y Rocío Aguirre, hermanas de Esperanza Aguirre (actual presidenta del Senado y ex concejal de Ayuntamiento de Madrid) cuando se concedió aquella 'licencia atípica'. A partir de ese momento volvieron los problemas y el anuncio de cierre, algo que, según el abogado, 'no entendía por qué lo hacían ahora y con tanta prisa, y no habían esperado a que los jueces resolvieran el proceso'. 'Si hubiera sabido las consecuencias que citarlas como testigos nos iba a acarrear', reconoció más tarde Ibáñez, sin querer entrar en valoraciones, 'hubiera seguido otra estrategia, sin llamarlas'. Los representantes de la sala anuncian que quieren llegar hasta el final con la ley en la mano, y que, para no dar argumentos en su contra al Ayuntamiento, han suspendido toda actividad. Pero promete acciones legales, denuncias por daños y perjuicios si el contencioso-administrativo les da la razón y otra serie de movilizaciones populares.

Sea como fuere y mientras la justicia y la Administración resuelven, Madrid ha perdido otro lugar para la difusión de la música y los conciertos en directo, algo que se está convirtiendo en una costumbre últimamente. Además, deja sin trabajo, según su director, José Manuel Alonso, a 'diez familias relacionadas directamente con la sala y a otras diez indirectamente'.

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Todos los conciertos programados para el mes de mayo, entre ellos un homenaje a Leño y Rosendo, el veterano rockero madrileño, o las sesiones de Música en Negro que organizaba el programa de Radio Nacional El Paraíso, para la difusión de grupos jóvenes, han sido suspendidos y están buscando, no sin dificultad, nuevos espacios para su celebración.

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