Un expediente que resume casi diez años de conflicto

El conflicto entre los propietarios de la sala Caracol y la Junta Municipal de Arganzuela, distrito al que pertenece la calle donde se ubica la sala, data del verano de 1994, aunque se retrotrae a dos años antes, y ocupa, a estas alturas, tres voluminosos tomos. En julio de ese año llegaron a la junta de distrito las primeras denuncias de la comunidad de vecinos del número 9 de la calle de Sebastián Herrera. La junta concedió en abril de 1994 la licencia de actividad de la sala como 'taller de enseñanza y desarrollo de actividades relacionadas con la música popular'. Los propietarios presentaron la primera solicitud de licencia el 3 de junio de 1992 para instalar en el local un plató cinematográfico, pero posteriormente, el 8 de octubre de ese mismo año, Piedad Aguirre Gil de Biedma, hermana de Esperanza Aguire, concejal del PP en aquel momento, pidió un cambio en la actividad del centro solicitando licencia para 'formación y desarrollo de actividades culturales'.

Un tipo de actividad que se ajustaba a la clasificación del local en el Plan General de Ordenación Urbana de 1985, en vigor en aquel momento. 'Era un local de uso dotacional y no podían autorizarse en el mismo otro tipo de actividades', según explicaron ayer fuentes municipales. Tanto los técnicos del departamento de Contaminación Atmosférica, que evaluaron el nivel de ruidos dentro y fuera del local, como la Policía Municipal realizaron varias inspecciones en la sala Caracol.

Los informes que dictaron los distintos servicios municipales concluyeron en julio de 1995 con un decreto que ordenaba el cierre de la sala. Seis meses antes, en enero de ese año y ya con la actuación de la junta de distrito en marcha, las hermanas de Esperanza Aguirre se desvincularon de la empresa que gestionaba la sala, vendiendo su participación. Los nuevos propietarios realizaron obras de insonorización en la sala y recurrieron el decreto de precinto en la vía contencioso administrativa.

Desde entonces, los vecinos han puesto nuevas denuncias argumentando que el nivel de ruidos supera los niveles que marca la normativa (45 decibelios en la calle y 30 en el inetrior de las viviendas), lo que no se ha confirmado en varias inspecciones técnicas realizadas y, sobre todo, que la licencia de actividad no se adapta a los conciertos que se realizan en la sala Caracol. Pero el Plan General aprobado en 1997 sí permite que el local se destine a sala de espectáculos. Por ello, fuentes municipales se cuestionaban ayer tanto la actuación de la junta como la de los actuales propietarios.

'Desde la Corporación se les tendría que haber urgido a que adecuaran su situación a la legalidad actual, solicitando un cambio de licencia.Los propios dueños también podrían haber tomado la iniciativa y pedir esa nueva licencia, pero para ello tendrían que adaptarse a la normativa específica de espectáculos, que es muy dura. Lo cierto es que hay una vía para resolver el conflicto y no se ha utilizado', concluyen en la junta de distrito.