Los inmigrantes se agolpan en busca de permisos de trabajo y residencia ante las oficinas de extranjeros

Ayer no hubo puente para los miles de inmigrantes que se agolparon ante las oficinas de extranjeros de las delegaciones del Gobierno de Valencia, Alicante y Castellón. Las colas de sin papeles asiáticos, subsaharianos, magrebíes, sudamericanos, o llegados de Europa oriental que se formaron a lo largo de los últimos días de la semana pasada se reprodujeron ayer con una extensión mayor. Los primeros en acceder a la oficina de Valencia, hacia las 10 de la mañana, llegaron a las puertas 12 horas antes.

Otros, como Joseph Kommeh, un ghanés de 34 años, a las 12.30 horas se encontraba a mitad de recorrido de la larga hilera de gente tras haber llegado a las cuatro de la madrugada. Como otros cientos, Kommeh se acercó a la oficina de extranjeros a informarse del programa de regularización que se ofrece a los llegados a la Comunidad antes del 23 de enero, fecha de entrada en vigor de la nueva Ley de Extranjería. Y de igual forma que al resto, se le ofreció un listado con las entidades a las que puede dirigirse para presentar la documentación: Cáritas, CC OO, UGT, CGT, Valencia Acoge, AVAR o SOS Racisme, entre otras.

En Alicante, al menos un millar de extranjeros, según fuentes de la Subdelegación de Gobierno, guardaron turno para informarse sobre los trámites a seguir para acogerse al proceso especial de regulación.

La jornada se desarrolló con 'total normalidad', según aseguraron fuentes de la Policía Nacional, quienes añadieron que una gran mayoría pasó la noche en las inmediaciones de la oficina ante la 'previsible avalancha' de extracomunitarios, informa Rebeca Llorente. La aglomeración comenzó a dispersarse a media mañana después de que los funcionarios repartieran comunicados, editados en castellano, en los que se informaba de la fecha de inicio del proceso, el próximo día 7 de mayo, así como de las entidades a las que pueden acudir para tramitar sus solicitudes: las organizaciones no gubernamentales (ONG) Alicante Acoge, Elche Acoge, Vega Baja Acoge, Cáritas, Cruz Roja, y los sindicatos CGT y CC OO-CITE.

En Castellón más de un millar de personas hicieron cola en la subdelegación del Gobierno con el fin de obtener los impresos necesarios para solicitar los permisos de residencia, trabajo y reagrupación familiar. Además de estas oficinas, los inmigrante pueden acudir a las dependencias de Trabajo, en el Paseo Ribalta y a la comisaría de la policía nacional, en la Ronda Magdalena, informa María Fabra.

La delegada del Gobierno en la Comunidad, Carmen Mas, admitió ayer que las colas de inmigrantes 'van en aumento en los últimos días' y dijo que esta situación se explica por 'la picaresca' de personas desplazadas desde otras comunidades que intentan acogerse a la regularización, pese a estar limitada a los sin papeles que se encuentren en alguna de las provincias valencianas. 'La desesperación y la actuación de las mafias' son otros de los factores a los que se refirió la delegada del Gobierno para justificar la afluencia masiva de extranjeros. Mas, sin embargo, apuntó que no existe ninguna denuncia sobre la presunta intervención de mafias en el proceso y puso de relieve que, para evitar que inmigrantes de otras provincias se beneficien del programa de regularización se va a ser 'escrupuloso' a la hora de determinar quienes estaban en la Comunidad antes del 23 de enero de este año.

Para evitar problemas con la documentación, desde organizaciones como el Servicio de Atención Jurídica a Inmigrantes de CGT, se ha alertado a los inmigrantes de la 'práctica constante' de contratos de trabajo falsos. Ante el peligro de que los extranjeros se vean tentados a acudir a mafias, la abogada de CGT María Ruiz advirtió que sólo se fíen de entidades que preseten servicios gratuitos y que trabajan habitualmente con inmigrantes.

La afluencia de gente ayer fue tal que muchas de las personas que acudieron a la oficina de extranjeros de Valencia a realizar trámites ordinarios tuvieron que aplazarlos. Fue el caso de Jaime Pastilla y Verónica Castellanos, un matrimonio de ecuatorianos. Él pretendía recoger sus permisos y ella solicitar la vuelta a Quito a través del programa de retorno voluntario que ofrece el ministerio de Interior. Pero ante el alud de personas alineadas a las puertas de la Delegación del Gobierno, desistieron y lo dejaron para otro día.

Tanto los funcionarios de las distintas oficinas de extranjeros como las organizaciones no gubernamentales están insitiendo en que no hay fecha límite para que los inmigrantes puedan solicitar su permiso de trabajo y residencia, de forma que no hay ninguna prisa en cumplimentar la documentación que tienen que presentar para poder acogerse al programa. Desde los dos ámbitos se subraya que lo importante es presentar la documentación requerida y demostrar con algún documento público que el solicitante se encontraba en la Comunidad antes del 23 de enero. Otro de los aspectos en los que insiste la Administración es que son las ONG las encargadas de recoger las solicitudes. La propia Carmen Mas realizó un llamamiento a la 'calma y la tranquilidad' a los inmigrantes que acuden a las oficinas de extranjeros y les recordó que 'la tramitación se va a realizar a través de las ONG'.

De hecho, ayer era común ver a los mismos grupos de inmigrantes primero en la cola de la Oficina de Extranjeros y después, una vez informados de las ONG que participan en la recogida de documentación, en el Centro de Información de Trabajadores Migrantes (Citmi) de Comisiones Obreras, a varios centenares de metros de distancia.

Multa de 72 millones

Por otra parte, la Inspección Provincial de Trabajo de Valencia detectó durante el primer trimestre de este año la presencia de 124 inmigrantes sin permiso de trabajo empleados en una cooperativa agrícola. Los sin papeles, que trabajaban para la misma cooperativa en la recolección de naranjas, fueron descubiertos por el Cuerpo Nacional de Policía y la Inspección de Trabajo que encontraron indicios de delito, dieron traslado a la fiscalía y extendieron un acta de infracción por importe de 72 millones de pesetas. A los empleados se les deducía de su salario el importe correspondiente al desgaste de las herramientas que utilizaban, así como el coste de las furgonetas que transportaban la fruta recogida y a los propios inmigrantes hasta los almacenes de la cooperativa.