Las 'catacumbas' de la inmigración en Ceuta

La imagen de Ceuta como trampolín de la inmigración clandestina hacia Europa ha quedado obsoleta. A la impermeabilización de la frontera se suma ahora una amplia ofensiva contra los traficantes de hombres. En lo que va de año, la Policía ha puesto en manos de la justicia a 36 responsables de estas organizaciones, más del doble que en 2000. Su trabajo ha roto el perfil clásico de los mafiosos: el 70% de los detenidos son españoles; el resto, marroquíes con residencia en la Península. Algunos magrebíes de Francia o Italia han sido meras excepciones a esta regla.

En el castigado barrio Príncipe Alfonso, cerca de la frontera del Tarajal, los vecinos han construido a su libre albedrío. El resultado es un laberinto de 3.000 viviendas que volvería locos a los empleados del catastro y en el que cualquier cosa es posible. Por ejemplo, ver a unos mocosos paseando a un león atado con una correa. Pero incluso en ese escenario surrealista no es normal que un ama de casa compre cien barras de pan cada día.

La señora se llamaba Erhimo K., tenía 63 años y vivía en el número 283 de la zona conocida como Agrupación Este. La Policía dedujo que el lugar era utilizado como piso franco de inmigrantes clandestinos que esperaban su turno para pasar a la Península. Fue puesto bajo vigilancia. Pero los días pasaban (y con cada uno de ellos otras cien barras de pan) sin resultado. Las únicas personas que entraban y salían eran la anciana y su hijo, Abdeluhed Said A., de 40 años, ambos de nacionalidad española. Los agentes estaban a punto de abandonar cuando, desde un paso elevado, descubrieron la entrada a un pasadizo. Una puerta oculta comunicaba la vivienda con el túnel.

En la madrugada del 29 de marzo, una quincena de funcionarios se apostaron en torno a la casa. Tres llamaron a la puerta. En ese momento se abrió la entrada del pasadizo y comenzaron a escurrirse por él hasta 22 marroquíes: los comedores del pan. Varios agentes saltaron desde el paso elevado y les cortaron la vía de escape. Los indocumentados intentaron abrirse camino a pedradas y botellazos, pero fueron reducidos. Durante la inspección los policías descubrieron que la mitad de la vivienda había sido habilitada como hotel clandestino. En la azotea encontraron, además, 40 colchones.

Los agentes filmaron aquel desagüe humano: un túnel de más de 300 metros de largo, por 2,5 de ancho y 3 de alto, que pasa por debajo de 15 edificios y desemboca en una arboleda. Se trata del antiguo cauce de un arroyo. Cuando construyeron sus casas, los vecinos aprovecharon para cementarlo y convertirlo en una especie de paseo subterráneo. 'Podías caminar por él como si fueras por la calle', cuenta el inspector Ramón Cavdevilla, jefe de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación de Documentos (UNID). 'Allí habían llegado a ocultar en un sólo día a más de cien personas, que pagaban hasta 2.000 pesetas diarias'.

La UNID está formada por cinco agentes cuya media de edad no supera la treintena. Tres son universitarios. En lo que va de año, este grupo ha puesto contra la pared a las mafias de inmigrantes de Ceuta. La operación Los escandalosos, como bautizaron con ironía este trabajo, ha sido el penúltimo de sus golpes. Cavdevilla está orgulloso de sus hombres.

Él les ha formado, y también les hace trabajar hasta 18 horas diarias. No tiene reparos en revelar el secreto de su éxito: 'La clave está en los informadores. Recordamos que es posible la regularización de los inmigrantes que colaboran para desarticular redes de traficantes. Venimos haciéndolo desde el año pasado. Este precepto no es nuevo. Estaba en la Ley de Extranjería antes de que fuera reformada'.

Durante los últimos cuatro meses han logrado detener en 13 operaciones a 36 traficantes de personas que tenían en sus manos a 84 inmigrantes. El perfil de los personajes a los que esta unidad ha colocado las esposas es variado y rompe con el retrato robot clásico de los mafiosos que hasta hace poco acosaban esta minúscula península del Mediterráneo. El enemigo ya no reside en Marruecos; ahora vive en España. Sirvan tres ejemplos:

El 8 de enero cayeron un legionario y su esposa que ocultaban en su casa a dos mujeres marroquíes. Cuando fue detenido, el militar intentó justificarse: 'Ya le dije a ella que no lo hiciera, pero quería sacar unas pesetas para pagar el colegio de los niños'.

El 18 de enero le llegó el turno a una marroquí con papeles de residencia que pasaba menores a España haciendo creer a los funcionarios que se trataba de sus hijos. Cobraba 300.000 pesetas por niño y fue detenida al pie del trasbordador que cruza el Estrecho. Los chavales que la acompañaban ingresaron en el centro de Acogida San Antonio. A las pocas horas aparecieron los verdaderos progenitores.

El 25 de enero los agentes detuvieron a 15 personas en un prostíbulo llamado Club 54. De ellas, siete (cuatro marroquíes y tres españoles) formaban parte de una organización que introducía en la ciudad a muchachas con la promesa de un buen trabajo. Cavdevilla ofreció papeles a una de las chicas a cambio de su colaboración. Tuvo que ocultarla durante un mes porque la mafia la buscaba para cerrarle la boca. 'No lograron encontrarla', dice orgulloso. La muchacha, de 25 años, contó que era de Casablanca. En cuanto llegó a Ceuta le quitaron el pasaporte y le explicaron, con una pistola por delante, su verdadero trabajo. Un tipo intentó sodomizarla. Ella se resistió, pero el individuo la golpeó hasta obligarla a ceder. Luego el proxeneta le dio otra paliza por no haberse comportado dócilmente.

El trabajo de la UNID, sumado al de la Guardia Civil (26 operaciones, 39 detenidos, 65 inmigrantes clandestinos interceptados, 24 vehículos y dos embarcaciones intervenidas) duplica ampliamente los resultados obtenidos el año anterior en la lucha contra las mafias. A pesar de ello, el delegado del Gobierno, Luis Moro, no se da por satisfecho: 'Es un balance aceptable, pero ni mucho menos ideal', declara. Su ambición es dejar la ciudad autónoma como una patena. Medio millar de guardias civiles, 330 policías nacionales y 250 agentes locales -una de las proporciones más altas de fuerzas de seguridad por habitante en toda España- avalan este propósito.