Triste comienzo

Hace un año Manuel Chaves formaba Gobierno en Andalucía, su cuarto Gobierno desde 1990, y en esta ocasión, como ocurrió en 1996, en sociedad con el PA, mientras que en Madrid José María Aznar perfilaba su nuevo Consejo de Ministros, respaldado por la mayoría absoluta que el Partido Popular había obtenido en las elecciones celebradas en el mes de marzo. Muchos, o algunos, o unos pocos, no estoy seguro, creímos entonces que era el momento para que cambiase el clima político que, en los últimos años, se había vivido en nuestra tierra.

Pensábamos que era el momento adecuado porque los resultados electorales, tanto generales como autonómicos, además de dibujar un nuevo mapa político, deberían haberles señalado a los socialistas andaluces que el camino del enfrentamiento puro y duro -la confrontación es otra cosa- a nivel partidista, social e institucional no proporciona buenos dividendos a quien más lo protagoniza.

Se ha malgastado un año que debería haber servido para hacer otra política en Andalucía

Tenía una cierta explicación que una lectura equivocada, y más bien voluntariosa, de resultados electorales de 1996 llevase al PSOE a la conclusión, que luego se demostraría errónea, de que un gobierno de España, con una minoría parlamentaria exigua, podría sufrir un gran desgaste si una comunidad autónoma como la andaluza se le ponía en pie de guerra. Es decir que, después de lo que ellos calificaron como 'amarga victoria', la reconquista del poder debía comenzar al sur de Despeñaperros.

Esta convicción condicionó gran parte de las actitudes del Gobierno de Chaves que, desde el primer momento, se embarcó en una pugna durísima con el Ejecutivo del Partido Popular. Recordemos la insistente reclamación de la deuda histórica, cuando anteriormente se negaban incluso a mencionarla, o la negativa a aceptar el modelo de financiación autonómica, buscando cualquier ocasión para el enfrentamiento institucional y, al mismo tiempo, rompiendo los intentos de acercamiento que se propiciaban para llegar a acuerdos mínimos.

Pero después de las generales y autonómicas de 2000, el nuevo escenario debería haber impulsado un cambio de rumbo. En primer lugar, por propio interés partidista, ya que desde cualquier análisis que se hiciese el PP había sido el claro beneficiado, de forma que, por primera vez, fue la fuerza más votada en cuatro provincias andaluzas, quedándose a sólo dos diputados a Cortes de diferencia, cuando antes eran ocho, y subió en seis parlamentarios su representación en las Cinco Llagas.

En segundo lugar porque, frente a un Gobierno con mayoría absoluta, esa rápida reconquista del poder, que ellos se imaginaban en 1996, parecía, cuatro años después, una mera ilusión más que una realidad alcanzable.

Sin embargo, no ha sido así. De una parte, el PSOE, enfrascado en un serio problema interno, se ha enredado de mala manera en el asunto de las cajas de ahorro, lo que le ha hecho consumir una importante cantidad de tiempo y energía, quemando a sus protagonistas, lo que además le ha producido un evidente deterioro de imagen. Por otra parte, sigue sin clarificar su postura ante ese debate importante en el que se deberá gestar el nuevo modelo de financiación autonómica. Lo cierto es que tampoco lo tiene claro el Partido Socialista, a nivel nacional, a la hora de definir criterios comunes sobre este tema entre sus distintos poderes territoriales.

Andalucía se juega mucho en esta negociación, porque bastante dinero ha perdido ya debido a la decisión de la Junta de quedar fuera del sistema, a pesar de los repetidos intentos que llevó a cabo el Gobierno de España para que Andalucía no quedase descolgada. Cuando entonces mencionábamos las cifras multimillonarias en las que se cuantificaba el perjuicio para nuestra comunidad, se nos trataba de lunáticos o engañabobos, aunque el tiempo vino a darnos la razón. Andalucía ha dejado de percibir, por una decisión exclusivamente imputable a la Junta de Andalucía, cientos de miles de millones de pesetas.

No es cuestión, sin embargo, de hacer un memorial de agravios, aunque era necesario volver la vista, aunque fuese con brevedad, sobre lo que en esta tierra ha ocurrido y que debe servir para rectificar actitudes y propiciar nuevos comportamientos. A estas alturas, puede parecer tópico, y sobre todo utópico, el afirmar que los intereses generales de Andalucía deben estar por encima de coyunturas partidistas, pero no por fuerza de repetir una verdad deja de serlo. Lo mismo ocurre con la mentira. Así que ya va siendo hora de que dejemos de hablar de manos negras, de malintencionadas conspiraciones, fruto de perversas intenciones, de no se sabe muy bien quién, contra Andalucía y los andaluces.

Lo cierto es que se ha malgastado un año que podría, y debería, haber servido, como poco, para reflexionar sobre lo pasado y haber puesto las bases para que en Andalucía, y desde Andalucía, se pueda hacer política de otra manera. Una manera basada en la recíproca lealtad institucional, que no esté reñida ni con el debate político, ni con la confrontación partidista, ni siquiera con el desacuerdo entre quienes gestionan los intereses públicos desde diferentes administraciones. Todo esto es asumible y, en muchos casos, vigorizante y enriquecedor. Lo que importa es que se quiera construir y no destruir, que se quiera sumar y no restar y que, desde el principio, se busque el acuerdo y no la ruptura. Andalucía está en condiciones y tiene necesidad de dar el gran salto hacia adelante. No vayamos, otra vez, a romperle el trampolín.

Juan Ojeda Sanz es eurodiputado del Partido Popular.