La atonía política y los congresos socialistas marcan el primer año del Gobierno de Chaves

Al Gobierno andaluz no se le podrá reprochar en su primer año de mandato de la VI legislatura -hoy se cumple- que no haya hecho lo que hacen todos los gobiernos, gestionar. Tampoco el que los servicios públicos estén fallando, o que no envíe leyes al Parlamento, o que mediante decretos regule sectores o procedimientos. Los números dicen que a la Cámara se han enviado ocho proyectos de ley de los 13 anunciados por Manuel Chaves en su investidura; que más de un centenar de decretos han salido publicados en el BOJA, y que una decena de planes y programas, de la treintena prometida para cuatro años, han sido aprobados por el Consejo de Gobierno.

¿Por qué, entonces, si el Gobierno de la Junta de Andalucía está desarrollando lo que prometió en las elecciones, presenta un pulso político tan bajo? La pregunta admite respuestas múltiples que tienen mucho que ver con los nueve meses que estuvo (de marzo a diciembre de 2000) el partido socialista dedicado a sus diferentes congresos (federal, regional, provincial y local) y a que, como admite el secretario de Organización del PSOE, Luis Pizarro, la crisis federal 'ha sido una prioridad' para la federación andaluza. El propio Chaves tuvo que emplearse a fondo en resolver este conflicto y pilotar, a la vez, la formación y dirección del Gobierno andaluz y la presidencia de la gestora, hasta que resultó elegido secretario general José Luis Rodríguez Zapatero.

Otra causa que se apunta de la atonía política del Ejecutivo es que seis de los 14 consejeros son nuevos, aunque, como recuerda un dirigente socialista, 'no debería ser el Gobierno la primera escuela para un político'.

Y hay una tercera razón en la que coinciden varios interlocutores: el diálogo con el Ejecutivo de José María Aznar, por el que apostó Chaves en su investidura, no da frutos, es decir, dinero. Y los cuatro temas que se iban a intentar desbloquear (censo de la población, financiación, traspaso de nuevas competencias e inversiones públicas) afectan a la salud financiera de la Junta de Andalucía que, a decir de muchos, es de 'asfixia', no tanto para atender los servicios públicos esenciales como para poner en marcha políticas propias y nuevas apuestas.

Por último, hay una cuarta respuesta a la pregunta planteada al principio: la propia incapacidad del Ejecutivo por poner en valor lo que hace y aprueba. 'Todas las consejerías han tomado decisiones importantes y es verdad que han sido tapadas por otras cosas', se asegura desde el PSOE.

Las 'cosas' aludidas no son otras que las propias trifulcas internas en el PSOE ('turbulencias', en el metalenguaje socialista) y que estallaron en febrero cuando el ritmo institucional se iba imponiendo al orgánico. El comentario xenófobo en el Parlamento de un diputado socialista y la catarsis interna posterior coincidió con un cambio de posición sobre la aplicación de la Ley de Cajas de Ahorro y con un debate territorial sin precedentes desde los años ochenta, que aún continúa.

'En política no hay mejor fórmula que el diálogo y la búsqueda de acuerdos. Una premisa que va a inspirar la acción de gobierno'. Éstas son palabras de Chaves en su discurso de investidura, sin que, hasta el día de hoy, hayan prosperado sus propuestas de consenso ni con el Gobierno central, ni con empresarios y sindicatos para un nuevo acuerdo de concertación, ni con los grupos parlamentarios, a los que ofreció un amplio paquete de negociación (inmigración, presencia de la comunidad en consejos europeos, reforma del Senado, política municipal, justicia, sistema de financiación y cajas de ahorro). El diálogo sobre este último es el único que se ha iniciado.

Los cumplimientos electorales resaltados por el propio Chaves el pasado viernes en este primer año afectan fundamentalmente a las políticas sociales, donde se han dado los primeros pasos para aplicar una de las promesas estrellas del programa del PSOE -la atención bucodental gratuita hasta los 16 años-, y a las nuevas tecnologías, otro de los ejes centrales de su campaña, 'con la puesta en marcha del acceso a Internet de los centros educativos'.

Hay otros compromisos de investidura que se han paralizado, aun cuando fue el propio grupo socialista el que parecía tener prisa en que salieran adelante y cuya puesta en funcionamiento sólo depende de que haya o no voluntad política. Es el caso del Consejo Audiovisual, un órgano para vigilar los contenidos de las televisiones, que el Gobierno quería crear por decreto. El parón de este proyecto, que se remitió al Consejo Consultivo, tiene que ver, según fuentes del PSOE, con el debate existente en la ejecutiva federal para que los directores de las televisiones públicas sean nombrados a propuesta de los parlamentos y la creación de órganos de control independientes.