Lluvia de críticas al juez de registro que obliga a escribir en castellano

Partidos políticos, instituciones y miembros del cuerpo judicial han criticado abiertamente la postura del juez encargado del Registro Civil de los juzgados de Santa Coloma de Farners (Selva), Juan Ramón Mayo, quien mantiene una pugna con los jueces de paz de su demarcación, a los que exige que utilicen exclusivamente la lengua castellana en sus asentamientos. Diversos representantes políticos de la comarca de la Selva están dispuestos a llevar el caso ante los tribunales, puesto que entienden que la actitud del juez vulnera el Estatuto de Autonomía y la Ley de Política Lingüística de la Generalitat.

También el Departamento de Justicia de la Generalitat salió ayer al paso de la polémica y pidió que los responsables de los registros civiles efectúen los asentamientos en la lengua oficial en que sean presentadas las solicitudes. La Generalitat ha recordado en un comunicado que la ley de 1998 de Política Lingüística establece que las inscripciones de los registros pueden realizarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales y no sólo en castellano, como establecía el reglamento del registro civil de 1958.

El mismo presidente de la Audiencia de Girona, Fernando Lacaba, ha enmendado la plana al juez y ha admitido que los espacios en blanco de los documentos, en los que se consignan fechas o localidades, pueden rellenarse en catalán. Lo que no puede admitirse, según Lacaba, es que se manipulen las inscripciones impresas en castellano ni que se catalanicen directamente los nombres propios si antes no ha mediado un expediente de cambio de nombre.

'Absurdo' administrativo

Fernando Lacaba, propuso asimismo que los libros del Registro Civil sean bilingües y ha indicado que el juez José Ramón Mayo Álvarez se ha limitado a aplicar la ley, pero añade: 'Me parece un absurdo que nos estemos planteando a estas alturas, cuando se trata de introducir en la administración de justicia el catalán, estas cuestiones que surgen precisamente de una cuestión que no es judicial, porque es meramente administrativa, aunque todavía los registros civiles los lleven los jueces'.

La denuncia de esta situación partió de Joan Puig (ERC), presidente del Consejo Comarcal de la Selva, quien se muestra sorprendido de que un juez pueda basarse en una ley preconstitucional para obligar al uso del castellano. El juez ha pedido en diversas ocasiones a los jueces de paz de su demarcación que utilicen la lengua castellana y en fechas recientes ha reiterado su demanda apoyándose en las disposiciones de una ley del año 1957.

Joan Puig entiende que la postura de juez topa frontalmente con el Estatuto de Autonomía y la ley de Política Lingüística, en la que se explicita que son válidos los asentamientos registrales redactados en cualquiera de las dos lenguas oficiales. El Consejo Comarcal ha transmitido una queja al juez.

CiU ha hecho un llamamiento a los jueces de paz de la demarcación para que envíen al juez todos los documentos en catalán. El Ayuntamiento de Arbúcies (Selva) se muestra dispuesto a denunciar al juez si éste persiste en su actitud.