El Gobierno cambiará la Ley del Suelo para vetar casas en zonas protegidas

El anteproyecto de Ley del Suelo elaborado por la Consejería de Obras Públicas -y que fue aprobado por el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón el pasado febrero- establecía en su artículo 30 que en las zonas declaradas como no urbanizables de protección (los parques regionales, por ejemplo) podrían levantarse viviendas familiares aisladas. Eso sí, ponía una condición: esas viviendas, 'por su localización', deberían carecer de 'finalidad urbanizadora por no existir instalaciones o servicios necesarios para la finalidad de aprovechamiento urbanístico'.

Este artículo levantó pronto las quejas de los movimientos ecologistas, que auguraron un 'desastre medioambiental de descomunales proporciones'. El grupo parlamentario PSOE-Progresistas aseguró incluso que el anteproyecto 'iba más allá de las prácticas liberalizadoras del Gobierno de José María Aznar'. La Consejería de Medio Ambiente, por su parte, nunca se manifestó al respecto y mantuvo un absoluto silencio sobre una ley que ponía en peligro de muerte las zonas naturales más preciadas de la región.

Pero el consejero de Obras Públicas, Luis Eduardo Cortés, y el de Medio Ambiente, Pedro Calvo Poch, se reunieron el pasado domingo en un hotel madrileño. De mediador -'consejería horizontal' se denomina esta función en el Gobierno- estuvo el consejero de Presidencia y Hacienda, Manuel Cobo. En la reunión, a la que asistieron también diversos directores generales de ambas consejerías, se acordó la modificación del artículo 30, de tal modo que las zonas de especial protección medioambiental de la Comunidad no podrán ser urbanizadas bajo ningún concepto.

Desde el Gobierno regional se afirmó ayer que 'no se trata de una rectificación', porque 'el anteproyecto de ley aún no ha sido presentado a la Asamblea'. El Ejecutivo recordó también que tanto el presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, como el consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y vicepresidente de la Comunidad, Luis Eduardo Cortés, siempre han hecho hincapié en que se trata de un 'texto abierto' a sugerencias y mejoras políticas y sociales.

Cortés aseguró hace unas semanas que sólo era un borrador normativo y que el Gobierno se encontraba 'en fase de recibir las opiniones de todos los interesados y de que indiquen lo que en su opinión no está bien'.

De todas formas, desde el Ejecutivo presidido por Ruiz-Gallardón se insistió ayer en que la 'última palabra' sobre la modificación la tiene el presidente. 'Sólo él decidirá si se plasmará en el texto lo acordado entre Obras Públicas y Medio Ambiente', señalaron.

Por su parte, Santiago Martín Barajas, portavoz de Ecologistas en Acción, mostró su 'satisfacción por el cambio'. Según Martín Barajas, 'la ley, tal y como está redactada, parecía haber sido hecha para favorecer únicamente a las inmobiliarias y a los constructores a costa de la destrucción del patrimonio medioambiental de los madrileños'.

El portavoz ecologista reconoce que el acuerdo entre consejerías 'salva por lo menos lo que nunca debía haber sido puesto en peligro: las zonas protegidas de Madrid'. Martín Barajas, sin embargo, sigue reclamando que se modifique también la posibilidad de convertir en sistemas generales (áreas destinadas a las infraestructuras) el suelo declarado urbanizable no sectorializado (uno de los tres tipos en los que la ley divide todos los terrenos de la Comunidad).