Identificados los restos de una víctima que los militares chilenos dijeron haber arrojado al mar

La situación ha preocupado al Gobierno, que asignó un valor histórico al reconocimiento de los crímenes de la dictadura que hicieron los militares en el informe.

Las autoridades, en todo caso, sostienen que los tribunales son los encargados de comprobar la veracidad de los datos que entregaron los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y estos últimos, entretanto, dicen carecer de más información sobre el paradero y circunstancias de muerte de las víctimas.

Los restos fueron ubicados durante la búsqueda dirigida por la magistrada Amanda Valdovinos de unos 20 cuerpos de víctimas de la dictadura, que, según el informe de los militares, están en una fosa clandestina en el Fuerte Arteaga. Rivera, que integró el comité central del PC, fue detenido por agentes de seguridad de la dictadura en pleno centro de Santiago, en noviembre de 1975, cuando tenía 52 años, y desde entonces estaba desaparecido.

Funeral simbólico

Después de que su nombre apareciera en el informe de los militares entre los 151 detenidos desaparecidos arrojados al mar, sus parientes le realizaron un funeral simbólico frente al océano, sin sus restos.

Una de sus siete hijas, Gaby Rivera, dijo sentir una "felicidad dolorosa" por la aparición del esqueleto completo de su padre después de más de 25 años de búsqueda y afirmó que "la tierra lo ha devuelto para decir 'yo no estoy en el mar, eso es mentira".

Está indignada por la burla de la información errónea de los militares, pero también tiene la satisfacción de que ahora han aparecido los restos. "Estoy un poco más feliz porque ya sé dónde ir a dejarle unas flores", sostuvo la viuda, Olga Sánchez. El cuerpo de Rivera deberá permanecer algunos días más en el depósito de cadáveres a la espera de un nuevo funeral, esta vez con sus restos.

Su familia esperará a que puedan viajar cuatro hijos de la víctima, residentes en Europa, que ya acudieron en enero al funeral simbólico.

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) pedirá una reunión con el presidente del país, Ricardo Lagos, y esperan una explicación de los militares. El malestar también llegó a las filas de los partidos gobernantes. El diputado socialista Juan Pablo Letelier afirmó que a las Fuerzas Armadas se les dio la oportunidad de entregar información, pero en gran parte de la que proporcionaron, según han determinado los tribunales, "le mintieron al presidente".

El portavoz del Gobierno, el ministro Claudio Huepe, admitió que con los datos de los militares se han ubicados menos cuerpos de los que se esperaba. "Hay errores [en el informe] y nadie lo puede desconocer" y expresó la preocupación del Gobierno por los familiares, "que hicieron un duelo y hoy día tienen que hacer otro". Por su parte, el presidente de la Corte Suprema, Hernán Alvarez, prefirió describir el problema como una "confusión" y no descartó que se produzcan otras.

Mientras los jefes de las Fuerzas Armadas dicen que entregaron todos los datos sobre el paradero de las víctimas que llegaron hasta sus instituciones desde militares en retiro, al amparo del secreto de la fuente establecido por el acuerdo de la mesa de diálogo, La Moneda analiza proponer una ley para sancionar el ocultamiento de información.