Los presidentes de las 4 diputaciones se oponen al 'informe Roca' y defienden la división provincial

Los presidentes de las cuatro diputaciones catalanas coincidieron ayer en el Parlament en echar por tierra alguno de los grandes principios contenidos en el informe Roca sobre reorganización territorial de Cataluña. Los máximos representantes provinciales -tres nacionalistas (Girona, Lleida y Tarragona) y uno socialista (Barcelona)- conminaron a los parlamentarios a limitar los cambios administrativos al marco de competencias propio del Parlament, es decir, mantenimiento de la actual división provincial aunque convirtiendo las diputaciones en veguerías.

Manuel Royes, de Barcelona; Carles Páramo, de Girona; Josep Pont, de Lleida, y Josep Mariné, de Tarragona, comparecieron ayer a puerta cerrada en la comisión de estudio sobre la propuesta del nuevo modelo territorial de Cataluña. Aunque en principio su asistencia debía ceñirse a expresar su opinión sobre las directrices de la futura organización territorial, sus opiniones se dirigieron principalmente a censurar las propuestas del informe Roca: ampliación del número de comarcas, creación de seis veguerías, supresión de las cuatro provincias y desaparición de los municipios de menos de 250 habitantes, que quedarían adscritos a otros mayores.

Para los presidentes de las diputaciones, el Parlament debería evitar adentrarse en posibles reformas que requieren cambios legislativos más allá de sus competencias, como por ejemplo la desaparición de los actuales límites provinciales. Esta modificación está condicionada a una ley orgánica, que debería ser aprobada por el Congreso y el Senado, un largo y complicado trámite. Pero además, existen varias sentencias del Tribunal Constitucional en contra de esta posibilidad.

La solución propuesta por los cuatro presidentes se basa en mantener las provincias, aunque puedan denominarse veguerías, y la creación de regiones o subregiones dentro de estos mismos territorios para satisfacer así las demandas de zonas específicas como las tierras del Ebro, el eje pirenaico o las comarcas de la Cataluña central. Manuel Royes defendió además la necesidad de que las reformas tengan en cuenta la realidad del área metropolitana de Barcelona, 'que reúne a 150 municipios y unos 4,2 millones de habitantes', donde se superponen diferentes administraciones.

La iniciativa, que prevé que las veguerías sean gobernadas por diputados elegidos en los comicios municipales, no necesitaría de una reforma del marco legal estatal y podría ser aprobada por el Parlament, ya que no modifica el número de provincias. A juicio de los máximos representantes provinciales, esta reestructuración permitiría el mantenimiento de los municipios pequeños porque 'este ente supramunicipal y supracomarcal les facilitaría el trabajo y recursos para ofrecer servicios a los ciudadanos'.

Respecto a los consejos comarcales, los presidentes de las diputaciones apostaron por que estos organismos pierdan peso político y se conviertan en una mancomunidad de servicios y gestores de recursos, presididos por un consejo de alcaldes. Royes fue quien se mantuvo más firme en esta idea.

Las censuras a las propuestas del informe Roca continuaron con el rechazo de los cuatro presidentes a la posible supresión de las poblaciones de menos de 250 habitantes y su vinculación a otros municipios vecinos.