Desmantelada una banda que reconstruía armas inutilizadas que había comprado como chatarra
La red facilitaba pistolas a delincuentes y a joyeros a los que se había retirado la licencia
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se incautó días atrás de varios centenares de pistolas que estaban inutilizadas mediante la perforación del cañón, así como 20 ya preparadas para disparar, 12 silenciadores, cañones y munición en abundancia en un piso de Alcobendas y en el taller de la calle de Antonio López. Paralelamente procedió a la detención de tres personas; entre ellas, el dueño del taller, J. A. H. P., de 44 años, que era el encargado de rehabilitar las armas mediante fresado. Los otros dos, R. A. M., de 42 años, y el ciudadano francés J. L. C. S., de 49, que vivían en Alcobendas, eran los encargados de comprar las armas inutilizadas y venderlas después.
Las pesquisas se iniciaron hace ocho meses, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia y venta de armas que constaban como inutilizadas y que se encontraron en poder de delincuentes.
La banda adquiría las armas inutilizadas a armerías y coleccionistas particulares. Pero también de las existencias de las fábricas legales de armas que si no son puestas en circulación en el mercado oficial son inutilizadas antes de proceder a su venta como chatarra. A continuación compraban en la República Federal de Alemania cañones en bruto nuevos y finalmente, tras la reconversión, las vendían a intermediarios en España, Portugal y Francia.
La red suministraba armas fundamentalmente a delincuentes, pero también a honrados comerciantes, sobre todo del ramo de la joyería, que, como consecuencia de la última modificación del reglamento de Armas, no pudieron renovar las licencias que les permitían tener legalmente pistolas o revólveres.
Según fuentes de la Guardia Civil, los detenidos adquirían las armas al peso y vendían cada una a entre 50.000 y 150.000 pesetas. Sin embargo, a pesar de su apariencia de estar en perfecto estado una vez reconvertidas, pueden suponer un grave riesgo para quienes las usen, ya que después de su inutilización quedan seriamente debilitadas.
Esta operación es consecuencia de otra desarrollada por la Guardia Civil el pasado marzo. En aquella ocasión detuvo a 11 personas de un clan familiar que actuaba de intermediario para la distribución de las armas en Galicia, Castilla y León y Portugal. A éstos se les intervinieron ya entonces 25 pistolas y revólveres de los calibres 6, 35, 22 y 36, un subfusil ametrallador del calibre 9 milímetros y varios miles de cartuchos. Todo un arsenal oculto en una granja de Vilariño das Touzas (Ourense), donde incluso fue intervenida una agenda con la contabilidad del negocio.
Durante la detención del clan, entre los que había varios ancianos, uno de sus componentes fue sorprendido cuando intentaba ocultar entre unos despojos de animales varias pistolas dentro de una bolsa de plástico. Cuatro de ellos poseían antecedentes por robo y tráfico de drogas.
La Operación Eco tuvo sus ramificaciones en Portugal, donde fueron identificados los proveedores. En la agenda intervenida constaba que el clan había adquirido unas 70 armas de diferente calibre por un importe de nueve millones y la venta de más de un centenar por 20 millones.
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