El fisco amplía un año la inspección a los clubes ante la complejidad de sus cuentas

La Liga, temerosa de los efectos que pueda provocar en el fútbol español la investigación fiscal, cree haber encontrado en esta ampliación una puerta por la que escaparse. Entiende que si la inspección se fijó para un año debería haber concluido ya, y en una nota informativa dirigida a los clubes señala este punto como causa suficiente para impugnar la decisión de la Oficina Nacional de Inspección (ONI) y apunta los motivos legales -presunta denegación de derechos y presunta indefensión- que los clubes deberían esgrimir al impugnar la ampliación de sus inspecciones.

La ONI envió el mes pasado un escrito a los clubes que inspecciona desde marzo de 2000 para comunicarles que amplía la investigación hasta abril de 2002. Y justifica su decisión en 'el amplio volumen de que consta la inspección y, sobre todo, a causa de la solicitud de datos a adminitraciones tributarias de otros países'.

Se trata de inspeccionar sobre todo los pagos que los clubes llevan a cabo en el extranjero, tanto a la hora de los fichajes como del pago de salarios. En el fútbol español se ha extendido la práctica de ceder los derechos de imagen de los jugadores a empresas radicadas en el extranjero, a través de las cuales perciben buena parte de sus ingresos. Las dificultades que Hacienda tiene para seguir el camino de estos pagos y comprobar si han tenido el tratamiento fiscal correspondiente obliga a los inspectores a pedir la colaboración de las administraciones tributarias de otros Estados, lo que prolonga el tiempo de las investigaciones.

Estas inspecciones fueron ordenadas a raíz de las declaraciones que siguieron a la intervención judicial del Atlético de Madrid a finales de 1999 y después de que su presidente, Jesús Gil, y otros dirigentes de clubes considerasen como algo asumido, y normal, el pago en dinero negro en el mundo del fútbol. Las investigaciones se abren a partir de las cuentas de 1996 y de ellas se salvan los clubes vascos y Osasuna, al pertenecer a las haciendas forales de sus respectivas comunidades autonómicas, así como también el Numancia, Villarreal y Las Palmas, por ser recientes sus ascensos a la Primera División.

El punto de mira en el que Hacienda ha colocado desde entonces a los clubes encendió la alarma en la Liga Profesional. Sus dirigentes, con el peso de las inspecciones en marcha, pretenden conseguir el tratamiento fiscal específico que consideran requiere el fútbol y con ese objetivo vienen manteniendo desde hace más de un año contactos con Estanislao Rodríguez Ponga, director general de Tributos. En algunas de estas reuniones ha estado presente Vicente Martínez Pujalte, que, a su condición de vicepresidente del club Levante, une el cargo de portavoz del Partido Popular en la Comisión de presupuestos del Congreso.

Varios clubes han atendido la sugerencia de la Liga y han recurrido la medida, pero la maquinaria de Hacienda no se detiene. En las reuniones en las que suelen coincidir los dirigentes de los clubes se han intercambiado las cantidades por las que Hacienda podría levantar actas. Y la suma de todos los equipos es para echarse a temblar, aunque sean recurribles. Temen que podría llegarse a los 40.000 millones de pesetas. Casi la mitad corresponderían al Madrid y al Barcelona.

Con todo, altos cargos de la Agencia Tributaria se han encargado de transmitir, de forma velada e informal, un mensaje de tranquilidad al mundo del fútbol. Su objetivo, dicen, es introducir a los clubes en el carril adecuado, pero sin hundirles.