Juicio por un delito imposible

El abogado Endika Zulueta, defensor habitual de insumisos, sorprendió ayer a los jueces de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid cuando, en vez del alegato antimilitarista que esperaban escuchar, les puso sobre la mesa una patata caliente: la presunta inconstitucionalidad del artículo 604 del Código Penal, que castiga la negativa a cumplir la mili. El de ayer debía ser un juicio de trámite, uno más de los cientos que se siguen celebrando en los tribunales de toda España contra los más de 20.000 jóvenes que en los últimos años se han negado a cumplir tanto sus obligaciones militares como la prestación social que se les imponía como alternativa. La maquinaria judicial, aunque lenta, es inexorable y sigue funcionando ajena a la realidad social de que el servicio militar es ya casi una reliquia de la que, a partir del año que viene, apenas quedará otro recuerdo que el monumento que el Ministerio de Defensa se propone inaugurar el próximo 2 de junio, Día de las Fuerzas Armadas, en Alicante.

Algunos jueces, incluidos los de la Sección Quinta de Madrid, se han escudado en cuestiones formales para absolver a insumisos. Por ejemplo, la tardanza del Ministerio de Justicia en citar a los objetores. Pero eso ayer no era posible.

En el banquillo de una sala vacía de público, dubitativo y algo intimidado, se encontraba Javier Olmo Fernández, un carpintero de 26 años, natural de Móstoles (Madrid), que el 31 de julio de 1996, en vez de presentarse en el Núcleo de Instrucción de Reclutas de Cáceres, remitió una declaración de principios contraria a los ejércitos. Para la fiscal, el caso no presentaba dudas: el reo aceptaba los hechos y ninguna circunstancia le eximía de su conducta. Eso sí, en las conclusiones definitivas rebajó su petición inicial de un año de prisión a sólo cuatro de inhabilitación especial, en aplicación de la reforma de 1998. Puede parecer una pena benévola, pero el Código Penal la incluye entre las graves, ya que impide el acceso a empleos públicos y becas y lastra a quien la recibe con la mancha de los antecedentes penales. Anticipándose al previsible argumento de la defensa, la representante del ministerio público recordó que el Supremo, en una sentencia de junio pasado, ya aclaró que la provisionalidad del servicio militar, el hecho de encontrarse en fase terminal, no elimina su obligatoriedad.

Pero entre junio de 2000 y abril de 2001 ha variado una circunstancia esencial, replicó el defensor: la publicación en el BOE del 10 de marzo del decreto que fija para el 31 de diciembre de este año la fecha de liquidación de la mili. Ya no se trata de un compromiso político, sino de una norma legal a plazo fijo. Y hay otra novedad importante, agregó: el 29 de marzo se incorporaron al cuartel los últimos reclutas forzosos, por lo que ya nadie puede hacerse insumiso y la negativa a cumplir el servicio militar se ha convertido en un 'delito imposible' de cometer.

Para justificar su petición de que la Audiencia de Madrid eleve una consulta al Constitucional, Zulueta alegó que el bien jurídico que se pretende proteger ante los insumisos, la defensa nacional, ha quedado 'vacío de contenido', pues el Ejército ya no se nutre de reclutas forzosos, sino de profesionales.

Por último, subrayó, se vulnera el prinicipio de igualdad. Más de un millón de jóvenes que disfrutaban de prórroga por estudios han pasado directamente a la reserva, sin cumplir el servicio militar ni la prestación sustitutoria. Quienes les concedieron el aplazamiento sabían, agregó, que en realidad les estaban librando de la mili. Entre los beneficiarios de esta medida, recordó Zulueta 'como anécdota', está el hijo mayor de José María Aznar.

Pero además, insistió, sólo unos 14.000 jóvenes de los 90.000 sorteados en noviembre se han incorporado a filas. Casi 40.000, según cifras oficiales, se han hecho objetores y no cumplirán el servicio civil por falta de tiempo. Por último, al menos 30.000 ni siquiera han dado señales de vida. 'Habría que encausarlos', advirtió el abogado, 'si se aplica inflexiblemente la ley, lo que terminaría de colapsar los tribunales'.

Tras el visto para sentencia, Zulueta explicaba que el fin de la pena es prevenir el delito; pero si nadie puede cometerlo, si no se busca reinsertar al presunto delincuente ni ejemplificar con su castigo, se queda en pura venganza.