Leganés paraliza las obras de la variante de peaje de la N-V
El concejal de Medio Ambiente de Leganés (173.000 habitantes), Francisco Nogales, de Izquierda Unida, paralizó el miércoles, en presencia de la Policía Municipal, las obras de construcción de la radial 5, la variante de peaje de la carretera de Extremadura (N-V). El edil aseguró que carecen de licencia municipal y de declaración de impacto medioambiental. Sin embargo, un portavoz de la empresa adjudicataria, Accesos a Madrid, sostuvo ayer que los trabajos continuaban y que cuentan con todos los permisos preceptivos.
La Policía Municipal acudió el miércoles por la tarde a unas obras en el arroyo Butarque, junto al barrio de La Fortuna. Los agentes solicitaron las licencias de obras y, al comprobar que éstas no existían, mandaron llamar a Francisco Nogales. Éste ordenó la paralización de los trabajos de construcción de una base de hormigón para levantar un acueducto sobre el arroyo.
El concejal de Medio Ambiente de Leganés criticó la forma de actuar del Ministerio de Fomento, ya que, según el edil, el departamento que dirige Francisco Álvarez Cascos no ha presentado en el Ayuntamiento el proyecto de la Radial 5 ni el impacto medioambiental que es preceptivo en este tipo de obras. Francisco Nogales también explicó que en el barrio de La Fortuna va a haber un gran movimiento de tierras y las autoridades municipales desconocen a estas alturas si la empresa dispone de un lugar autorizado para verter esas tierras. 'Además, los trabajos de construcción del tramo de esta carretera a su paso por Leganés suponen un serio riesgo para los ciudadanos, ya que la zona de obras no está ni vallada ni señalizada y muchos vecinos transitan por ella', explicó el edil, que añadió: 'Tampoco nos han dicho qué van a hacer con los patos y todos los animales que viven en el Arroyo Butarque'.
Un portavoz de Accesos a Madrid negó todas las acusaciones de falta de documentación que hizo el edil y señaló que, al tratarse de una carretera de interés público y general, no necesita licencia municipal de obras. Este portavoz citó el artículo 42 del Reglamento General de Carreteras que, en su opinión, les exime de esta obligación. Además, aseguró que el impacto medioambiental se publicó en el estudio informativo de la carretera el 9 de marzo de 1999. 'Vamos a seguir ejecutando las obras porque cuentan con todos los requisitos necesarios. Fueron adjudicadas por el consejo de ministros y estamos actuando ya en un suelo que ha sido expropiado y que, por tanto, es público', concluyó el portavoz de la adjudicataria.
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