Los obispos piden en una pastoral al próximo Ejecutivo de Vitoria que luche contra la fractura social

A juicio de los prelados vascos, el Gobierno deberá procurar 'la defensa eficaz de la vida humana' e intentar una paz 'entre todos' y 'para todos'. Ése fue el lema del acto que los obispos de Euskadi y Navarra convocaron el pasado 13 de enero en las campas de Armentia, en Vitoria, al que asistieron unas 50.000 personas. Ese acto, que los miembros del Episcopado citan, motivó la crítica directa que, por primera vez, lanzó la dirección de ETA contra la Iglesia en su Zutabe (boletín interno) de febrero.

Los cuatro firmantes de la carta pastoral -los obispos de las tres capitales y el obispo auxiliar de Bilbao- muestran también su temor a que la campaña electoral que comienza el próximo viernes 'vaya a ser especialmente virulenta' una vez que han constatado que los desencuentros entre los partidos sobre cómo lograr la paz son 'profundos y preocupantes' y han derivado en 'rudos enfrentamientos' entre ellos. Esa pugna se ha recrudecido de forma notable por la vuelta de ETA a las armas.

La actividad terrorista ha obligado también a dotar de escoltas a todos los cargos públicos del PP y el PSE-EE en el País Vasco, por lo que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy una partida extraordinaria de 2.500 millones de pesetas para hacer frente al pago de escoltas privados. Ese dinero servirá para reforzar las cuentas del Ministerio del Interior, cuyos actuales presupuestos no daban para pagar la protección de los 223 ediles del PP y los 243 del PSE que son considerados por ETA 'objetivos legítimos a eliminar'.

El Gobierno pretende afrontar con ese dinero la parte que le toca para la protección de personalidades, tras el reparto de responsabilidades a que llegaron el Ministerio del Interior y la Consejería de Interior vasca de repartirse al 50% la protección de cargos públicos. Según indicaron ayer fuentes del ministerio, todos los amenazados tienen ya protección. El acuerdo era que ertzainas, guardias civiles y policías nacionales escoltasen a los concejales y, en el caso de no disponer de efectivos suficientes, contratar guardaespaldas privados. La protección de sus cargos costaba al PP 2.100 millones al año.