Un juez dice que intereses políticos y económicos dificultan frenar el 'botellón'

El juez de Menores de Granada, Emilio Calatayud, denunció ayer la existencia de 'grandes intereses políticos y económicos' que han impedido hasta el momento la prohibición del consumo de alcohol en la vía pública, una medida que, a su juicio, tendría cobertura legal suficiente. Este magistrado, que se ha destacado por la imposición de peculiares penas a menores (como la obligación de leer o estudiar), se mostró a favor de las nuevas restricciones para la venta de alcohol aprobadas el pasado miércoles por el Parlamento andaluz. Sin embargo, objetó que los responsables políticos deberían tener más 'valentía' para ir 'mucho más allá'.

'No entiendo por qué no se puede prohibir el consumo de alcohol en la calle', afirmó Calatayud, quien explicó que las actuales leyes de Menores, estatal y autonómica, aportan el 'marco legal' necesario para tomar esa decisión.

El juez admitió que una medida como la aprobada el miércoles por el Parlamento, por la que se endurece la Ley de Prevención y Asistencia en materia de Drogas al prohibir la venta de alcohol de más de veinte grados en establecimientos próximos a las carreteras, tiene un 'gran coste político'. Sin embargo, Calatayud agregó: 'Ése es su problema', en referencia a los responsables políticos.

'El alcohol es un producto que genera mucho dinero y por eso no se toman las medidas que se tienen que adoptar', denunció el magistrado, que llegó incluso a pedir actuaciones en contra de algunos establecimientos 'en los que está claro que se consumen determinadas sustancias', en referencia a las drogas. Calatayud defendió la nueva Ley de Responsabilidad Penal del Menor, aunque admitió ciertas carencias técnicas.