Rajoy admite la dureza de tres de las cargas policiales ordenadas por Ansuátegui

El ministro del Interior, Mariano Rajoy, tuvo que emplearse a fondo ayer en el Congreso para responder al chaparrón de críticas vertidas desde los grupos de la oposición contra la labor del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Javier Ansuátegui. PNV y PSOE acusaron al delegado de cometer 'excesos' en la vigilancia de las manifestaciones ciudadanas y de tener una concepción del orden público más propia de épocas pasadas.

Rajoy admitió que, en tres ocasiones, se han producido otras tantas 'actuaciones fuertes' de la policía bajo el mandato de Ansuátegui: una frente a las Cortes ante el intento de empapelamiento del edificio (el pasado 26 de noviembre); otra contra los trabajadores de Sintel ante la sede del PP en la calle Génova, en la que hubo un herido (el 13 de junio); y la tercera con motivo de una manifestación de grupos radicales de izquierdas (el 20 de noviembre). Haciendo gala de su origen gallego, el ministro señaló que la seguridad puede tener dos objetivos: el de garantizar la libertad y seguridad de la gente, que es, dijo, 'el verdadero sentido'; y otro, 'garantizar el orden público'. 'Pues es parecido', zanjó, aunque apuntó a renglón seguido que el Gobierno 'quiere garantizar la libertad y seguridad de los ciudadanos'.

El titular de Interior defendió la labor de Ansuátegui señalando que, desde su toma de posesión, en mayo del año pasado, se han autorizado dos manifestaciones diarias en Madrid, 754 en total, y sólo se han prohibido diez. Se da la circunstancia de que una de las concentraciones autorizadas, celebrada el pasado 17 de marzo y en la que participaron dos millares de personas, fue convocada por 40 colectivos para pedir la dimisión del propio Ansuátegui.

Francisco Javier Ansuátegui, que ya fue delegado del Gobierno en Navarra en dos ocasiones (entre 1980 y 1982, y desde 1996 hasta su traslado a Madrid en mayo de 2000) se ha visto rodeado de polémica desde su llegada al cargo. Además de las tres actuaciones citadas por Rajoy, el delegado del Gobierno recibió muchas críticas por su decisión de aplicar una orden del Ministerio de Exteriores que anuló los hermanamientos de varios pueblos madrileños con poblados saharauis.

El nombre de Ansuátegui planeó por la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, a la que Rajoy había acudido no para hablar del delegado, sino de las líneas maestras de su departamento para esta legislatura. Fue el portavoz socialista de Interior, Victorino Mayoral, quien abrió fuego contra Ansuátegui. 'Ha tratado como delincuentes a pequeños grupos de ciudadanos que querían manifestarse en Madrid', dijo Mayoral, para quien la conducta del delegado obedece a 'su vieja concepción sobre el orden público, que incluso llega a entender como un trasunto del orden económico y social'.

El portavoz socialista se refería a las declaraciones de Ansuátegui en las que afirmaba que el campamento montado por los trabajadores de Sintel en la Castellana es 'insostenible', y que en cualquier momento podría ejecutarse su desalojo. 'Al delegado le preocupa más que haya gente manifestándose en la calle que la dramática situación económica y laboral que sufren esas personas', concluyó Mayoral.

Hasta en la ONUEl parlamentario del PSOE recordó que más de 40 asociaciones de Madrid han pedido al Gobierno la destitución de Ansuátegui 'incluso en la ONU'. Margarita Uría, diputada del Partido Nacionalista Vasco, tomó el relevo en las críticas 'por los excesos' de Ansuátegui, cuya destitución prácticamente solicitó con una fórmula retórica. 'Ha sido para mí una sorpresa el que haya dicho que mientras no haya cambio de Gobierno no se le puede cesar. Eso no sólamente pude hacerse sino que es perfectamente posible que lo cesen', dijo Uría. Rajoy terció en ese momento, pero no para hacer una defensa cerrada del delegado del Gobierno. El vicepresidente explicó que desde que Ansuátegui llegó a la Delegación del Gobierno en Madrid, el 12 de mayo del año pasado, se han autorizado en Madrid 754 manifestaciones (dos diarias) y 'sólo se han prohibido 10', de las que ocho han sido recurridas aunque los tribunales sólo han aceptado uno de esos recursos.

Rajoy agregó que otras 45 peticiones de autorización fueron rechazadas porque no fueron comunicadas en el plazo legal 'y por lo tanto no se podían autorizar'. Esta afirmación le supuso una corrección de Margarita Uría, quien citó la doctrina del Tribunal Constitucional según la cual esas peticiones fuera de plazo pueden llegar a aceptarse siempre que quede un tiempo suficiente para su celebración y sea posible la vista preliminar del interesado.

'Empapelar las Cortes'El ministro admitió que en la era Ansuátegui se habían producido 'tres actuaciones con cargas policiales fuertes', que desgranó: 'La de unos ciudadanos que pretendían empapelar el Congreso con carteles [el 26 de noviembre pasado], algo que ya dije que era discutible; otra por la manifestación de trabajadores de Sintel ante la sede del PP en la calle de Génova, en la que hubo un herido [el 13 de junio] y otra el 20 de noviembre, en la que grupos radicales de izquierda destrozaron mobiliario urbano en la zona de Jacinto Benavente'. El capítulo dedicado a Ansuátegui se cerró tras una pregunta muy concreta de Felipe Alcaraz, de IU, a Rajoy: '¿Ha dado usted órdenes para desmantelar el campamento de Sintel?'. El ministro, en su línea de 'ironía gálica' subrayada por Mayoral, contestó: '¿Usted qué cree? Si lo hubiera ordenado, está claro que no me han hecho caso, lo que haría buena la tesis que dicen ustedes de que he venido al ministerio una temporada para guardarle el sitio a Jaime Mayor Oreja'.