Prorrogado el plazo de alegaciones al estudio de impacto de la ampliación de Barajas
La Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente ha ampliado en un mes, hasta el próximo 18 de mayo, el plazo de información pública del estudio de impacto ambiental de la futura ampliación de Barajas. Los ayuntamientos del entorno del aeropuerto, muchos de los cuales están preparando alegaciones, recibieron ayer con júbilo la noticia, que otorga a sus técnicos un respiro a la hora de documentar y argumentar sus quejas.
El anuncio del periodo de exposición pública de este estudio apareció en el Boletín Oficial del Estado el pasado 13 de marzo; el plazo vencía el 18 de abril, con la Semana Santa de por medio. Fueron varios los ayuntamientos y grupos ecologistas que protestaron por el corto periodo concedido para estudiarlo, al tiempo que subrayaban que esto sólo podía hacerse en las oficinas que AENA (el organismo público encargado de la gestión del aeropuerto) tiene en el número 34 de la calle de López de Hoyos. Ante las quejas de los consistorios, hace dos semanas se les remitió una copia del estudio en soporte digital.
La ampliación del campo de vuelo del aeropuerto de Barajas supone la creación de dos nuevas pistas, denominadas 15L-33R y 18L-36R, paralelas a las dos actualmente en uso y, entre otras infraestructuras que les den servicio, una nueva terminal. Su puesta en funcionamiento está prevista para 2004; con ellas, Barajas podría atender a 60 millones de pasajeros al año, alcanzando las 120 operaciones cada hora. Su construcción supone, según el propio informe de impacto ambiental, desviar y encauzar una parte del río Jarama y desecar una laguna que acoge a decenas de especies de aves, algunas de ellas protegidas.
Entre los colectivos que preparan alegaciones está la Plataforma Jarama Vivo, que agrupa a ayuntamientos y asociaciones ecologistas del este de Madrid. Esta organización ha elaborado un modelo de alegaciones que insiste en los daños 'irreparables' que el proyecto ocasiona al Jarama e insta a entidades y particulares a firmarlas y remitirlas al ministerio.
